Siguen los preparativos en Texas para ejecutar este miércoles al mexicano
Hubo violaciones graves durante el proceso, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Reitera SRE que el connacional no contó con la atención consular a la que tiene derecho
Miércoles 9 de abril de 2014, p. 3
En medio de diversas peticiones nacionales e internacionales al gobierno de Estados Unidos para detener la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, prevista para hoy en Texas, seguían adelante los preparativos para la aplicación de la pena de muerte a pesar de ser uno de los beneficiarios del caso Avena, llamado así por Carlos Avena Guillén, quien en febrero de 1982, cuando tenía 19 años, fue sentenciado a muerte en California por asesinato, de lo cual las autoridades consulares mexicanas se enteraron 11 años después.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a suspender la aplicación de la pena capital en virtud de que hubo violaciones durante el proceso de Ramiro Harnández.
El sentenciado se encuentra ‘‘espiritualmente preparado’’ para enfrentar la pena de muerte si se le niegan los últimos recursos interpuestos por su defensa, dijo su hermano Jorge Hernández Llanas tras visitarlo en la unidad carcelaria de Polunsky, en la comunidad de Livingston. ‘‘Nos tiene a todos sorprendidos con su fortaleza’’, agregó Jorge, quien junto con su madre, Martha Llanas, de 75 años, y nueve hermanos más se encuentra en esta comunidad.
El subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Sergio Alcocer, reiteró su llamado para que el Congreso de Estados Unidos reforme la ley sobre sentenciados a muerte a partir de los resolutivos del fallo Avena, a efecto de que se revisen todos aquellos casos en los que el sentenciado no contó con la atención consular a la que tiene derecho, de acuerdo con los convenios internacionales.
Prácticamente en el mismo sentido, el pleno del Senado mexicano exhortó al Congreso estadunidense y al comité de asuntos judiciales de la Cámara de Representantes para que se apruebe cuanto antes el ‘‘lenguaje legislativo’’ que permite dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Avena. Dicho fallo ordena al gobierno de ese país revisar los expedientes de los 53 mexicanos condenados a muerte –antes de dictarles la pena capital–, debido a que fueron condenados sin tener acceso a la justicia, no contaron con traductor ni con abogado defensor.
El punto de acuerdo fue subido a tribuna por el senador del PAN Jorge Luis Lavalle y lo signaron la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la priísta Marcela Guerra; las senadoras Luisa María Beristáin, del PRD; Layda Sansores, del PT, y Mariana Gómez del Campo, de Acción Nacional.
Antes, senadores de PRI, PAN, PRD y PT demandaron en conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos posponga la ejecución del connacional Ramiro Hernández Llanas, quien fue condenado a la pena de muerte, misma que se aplicará este miércoles.
Según las autoridades estadunidenses, Ramiro fue acusado de homicidio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo cual fue sentenciado a 25 años de cárcel. Sin embargo, se fugó y se estableció en la comunidad de Kerrville, al noroeste de San Antonio, Texas, donde trabajó ayudando al ranchero Glen Lich, quien era una persona reconocida en la comunidad, al cual asesinó con una varilla de hierro y posteriormente violó a su esposa.
La sentencia de Hernández Llanas fue incluida dentro del denominado caso Avena, a pesar de lo cual Alcocer reconoció que hay muy pocas posibilidades de que se revierta la ejecución, aunque adelantó que ‘‘la cancillería mexicana hará todo lo que esté a su alcance para proteger la vida del señor Hernández Llanas y todos quienes estén igualmente sentenciados a pena de muerte’’.
El Estado mexicano ‘‘no comparte ésta como la pena que se debe aplicar por la comisión de cualquier delito, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida’’. El subsecretario para América del Norte recordó asimismo que la inconformidad de México respecto de la negativa de las cortes locales para aceptar el fallo Avena, ‘‘ha sido manifestada ante el gobierno de Estados Unidos’’.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó el ‘‘desconocimiento por parte de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una solicitud para preservar la vida de una persona condenada a muerte’’.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) llamó al gobernador de Texas, Rick Perry, a detener inmediatamente la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, quien sufre de discapacidad mental, cuya pena capital podría consumarse hoy. La organización señaló que las autoridades del estado de Texas sentenciaron a muerte a Ramiro ‘‘con base en estereotipos raciales y en las opiniones de ‘testigos expertos’ que han sido desacreditados’’.
Finalmente, el alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas, manifestó su indignación y repudio a la decisión de aplicar el castigo capital al mexicano este 9 de abril. Ofreció el apoyo necesario a su familia, sobre todo a su madre.
