La Paz, 8 de abril.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, destituyó este martes al ministro de Minería Mario Virreira y anunció un juicio por traición a la patria contra autoridades y funcionarios de esa dependencia por firmar contratos de las cooperativas mineras con empresas privadas.

Los mineros asociados en cooperativas tomaron la semana pasada las principales carreteras de Bolivia en rechazo a un proyecto de ley para regular la actividad minera en el país -adoptado ya por la Cámara de Diputados pero detenido en el Senado-, y durante las protestas perdieron la vida dos trabajadores en choques con la policía.

Esta nueva normativa establece que las cooperativas que emplean a decenas de miles de mineros perderán su derecho a asociarse con empresas privadas locales o extranjeras para explotar yacimientos, lo que las dejaría sin financiamiento para el desarrollo de las minas.

El mandatario enfatizó este día que no se puede permitir que algunas autoridades, sea desde la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) o desde el Ministerio de Minería, permitan firmas de carácter inconstitucional, en desmedro de la Constitución y del pueblo boliviano.

Asimismo, insistió, no es posible que los sectores sociales aliados del gobierno, como es el caso de los cooperativistas mineros, impongan condiciones y acciones destinadas a violar la Constitución y leyes y afecten al pueblo boliviano, que es dueño de los recursos naturales.

Morales, que ordenó una investigación para determinar responsabilidades, manifestó que las autoridades y directivos que firmaron esos contratos serán procesados por traición a la patria. Lamento el trabajo en el Ministerio de Minería, hubo intereses ocultos para hacer daño al país, dijo al juramentar al nuevo ministro César Navarro.

Para el presidente, está claro que esos contratos no tienen amparo legal, son contratos ilegales porque inclusive la anterior legislación minera, la que todavía está vigente, no admite posibilidades de subarriendo, por ejemplo de áreas otorgadas por el Estado.

De acuerdo con el gobierno, las cooperativas reciben del Estado determinado sector en calidad de concesión y en varios casos éstas a su vez la transferían a una empresa privada bajo contrato de operación, incluso desde 2011. En este tipo de convenios la empresa privada se lleva 80 por ciento de las utilidades, las cooperativas 19 por ciento y el Estado apenas uno por ciento.