El juez federal Gilberto Romero Guzmán concedió este lunes una suspensión en vía de amparo al ex secretario de Gobierno de Michoacán José Jesús Reyna García, investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con líderes de Los caballeros templarios.

Asimismo, el magistrado ordenó a Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia federal, que justifique con pruebas los motivos legales en los que se sustenta el arraigo y la investigación contra el político priísta.

Según consta en registros judiciales del expediente de amparo 331/2014, consultados por La Jornada, el titular del juzgado décimo de distrito en materia penal advirtió a la PGR que ‘‘si en un plazo improrrogable de 24 horas’’ el Ministerio Público Federal no documenta a la autoridad judicial las razones jurídicas que dieron pauta a la indagatoria, ‘‘se presumirán ciertos los actos reclamados por el quejoso’’.

En su demanda de amparo, el también ex presidente del PRI en Michoacán reclamó violaciones a sus derechos humanos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 de la Carta Magna.

El también ex gobernador interino de Michoacán (en ausencia de Fausto Vallejo) aseguró en su demanda de garantías haber sido víctima de ‘‘actos de incomunicación, detención y/o retención’’. El recurso lo protege de ‘‘cualquier acto que implique privación o restricción de la libertad personal, la consignación de la averiguación previa ante un juez de distrito distinto al del lugar de la posible comisión del delito, orden de aseguramiento de bienes, así como la orden de arraigo y su ejecución’’.

De su lado, funcionarios del Poder Judicial Federal consultados por este diario precisaron que la suspensión provisional que se concedió a Reyna no implica su inminente liberación ni mucho menos detiene la investigación que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Lo que le garantiza esa protección provisional es que la PGR no puede disponer directamente sobre su situación jurídica sin consultarlo con el juez. Sólo cuando la procuraduría rinda los informes al juez Romero, y éste los estudie, el impartidor de justicia estará ante la posibilidad de resolver si otorga el amparo a Reyna.