Nueva York, 7 de abril.

Una investigación periodística comprobó que el gobierno de Barack Obama no cumple con su promesa de deportar sólo a criminales; una de las figuras republicanas más conocidas toma una posición a la izquierda no sólo de su partido, sino del presidente, al considerar la migración a Estados Unidos un acto de amor, y un creciente coro de opinión en las cúpulas demanda el cese de las deportaciones masivas. Todo esto intensifica la presión por un cambio en las políticas antimigrantes en este país.

Un extenso reportaje del New York Times publicado hoy reveló que la gran mayoría –dos tercios– de los casi 2 millones de deportados durante el gobierno de Obama eran acusados de infracciones menores, a pesar de las promesas de la Casa Blanca de que su enfoque es expulsar a los que cometan delitos graves.

Sólo 20 por ciento de los deportados son acusados de delitos graves, mientras los que más han aumentado –y sobrepasado por mucho los totales alcanzados en el gobierno de George W. Bush– son los casos de indocumentados detenidos por infracciones menores, sobre todo de tránsito, o que no tenían antecedentes.

A la vez, el Times reporta que también se ha multiplicado la criminalización por cruzar la frontera sin documentos. Esto implica que son devueltos a sus países, pero fichados con un antecedente criminal, en lugar de una violación civil, lo cual puede llevar a su encarcelación si intentan ingresar otra vez a este país.

Según los datos analizados por el diario, la mayoría de los deportados son hombres mexicanos menores de 35 años.

Todo esto contrasta con la posición pública de Obama de que la prioridad era la deportación de criminales peligrosos, y no trabajadores y sus familias y, más recientemente, que buscaría aplicar la ley de manera más humana.

Todo esto demuestra lo que cada vez más agrupaciones inmigrantes denuncian: que las promesas y retórica de Obama y su gobierno simplemente carecen de sustento en los hechos. Esto nutre el desencanto entre el sector latino, que es clave para Obama y los demócratas en el terreno electoral, sobre todo este año, que está en juego el control del Congreso.

Por otro lado, ayer una de las figuras de la cúpula política nacional sacudió a varios en el Partido Republicano al declararse en contra de las políticas migratorias actuales, y más aún, sobre la posición antimigrante de su propio partido. Jeb Bush, ex gobernador de Florida, hermano del ex presidente George W. Bush e hijo del ex presidente George H.W. Bush, y potencial candidato presidencial republicano para la contienda de 2016, comentó en público y ante medios nacionales que su posición sobre política migratoria es dar la bienvenida.

La manera en que lo veo es que alguien que viene a nuestro país, aunque no pueda llegar legalmente, lo hace porque estaba preocupado porque sus hijos no tenían comida en la mesa. Quería asegurar que su familia quedara intacta y cruzaron juntos la frontera porque los padres no tenían opciones de trabajo para mantener a la familia. Sí, violaron la ley, pero no es un crimen. Es un acto de amor. Es un acto de compromiso con la familia. Honestamente creo que es un tipo diferente de delito, y que se debe pagar un precio, pero no debería indignar a la gente, declaró Jeb Bush.

No es el único en su partido en compartir esa idea, aunque nadie cree que por ahora eso logrará cambiar la postura antimigrante del Partido Republicano, por lo menos no en este año electoral. No obstante, sí demuestra una creciente división dentro del partido, sobre todo entre dirigentes y figuras nacionales, que podría prometer algún cambio antes de las presidenciales de 2016, señalan expertos.

Mientras continúa el gran debate sobre una reforma migratoria, crece la presión por un cambio inmediato en la aplicación de las leyes en la materia. Las movilizaciones en decenas de ciudades el sábado, aunque no masivas, sí expresan un creciente coro nacional que exige el cese de las acciones del deportador en jefe (Obama).

Dirigentes de organizaciones latinas, algunos sindicalistas, líderes religiosos y estudiantes, entre otros, han intensificado la presión sobre la Casa Blanca en meses recientes, lo cual ha obligado a políticos aliados –sobre todo legisladores– de Obama a sumarse a esta exigencia de suspender las deportaciones y detenciones masivas.

El domingo el New York Times dedicó su editorial al tema, y sostuvo que Obama debe dejar de deportar a millones de indocumentados que serían beneficiados por la estancada reforma migratoria que él promueve. Sugiere que aquellos que calificarían para la legalización con el proyecto de ley aprobado por el Senado el año pasado no deberían estar en peligro de deportación.

Al sumarse a las propuestas de diversas organizaciones de inmigrantes, sobre todo los dreamers (jóvenes que llegaron a este país cuando eran niños), el Times afirma que la suspensión de la amenaza de deportación, otorgada a estos jóvenes por Obama hace dos años, debería ser extendida a millones de indocumentados vulnerables.

Hasta hace poco el presidente ha insistido en que sin acción legislativa sus opciones para modificar las políticas de inmigración son muy limitadas. Pero el coro de críticos –incluso del otro partido– subraya que podría hacer mucho más con su autoridad ejecutiva para ofrecer alivio a más de 11 millones de indocumentados, y que sus pretextos para no actuar, aun antes de una reforma migratoria, son cada vez menos aceptables.