Más allá de los efectos que tendrá la iniciativa de legislación secundaria para telecomunicaciones, radiodifusión y competencia sobre los operadores y actores preponderantes, organismos del sector privado y organizaciones civiles alertaron sobre los riesgos para la seguridad de la información y los derechos fundamentales que contiene el documento del Ejecutivo que está en discusión en el Senado, y llamaron a modificarlo.

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) advirtió que la legislación secundaria debe evitar la regulación de Internet, respetar la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, proteger los datos delicados de los usuarios y debe ser muy precisa en que la intervención o bloqueo de contenidos o servicios sólo puede realizarse con orden judicial.

Por separado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación (Coneicc) señalaron que la iniciativa debe reformularse porque violenta derechos fundamentales y es indispensable preservar el interés público.

Destacaron que al integrar la legislación secundaria no se debe perder de vista uno de los fundamentos de la reforma constitucional, que consiste en el carácter de servicio público que tienen las telecomunicaciones y la radiodifusión, ya que es lo que da precisión regulatoria a los derechos de las audiencias porque su promoción y defensa no pueden quedar a expensas de los códigos de ética de los concesionarios, como marca la iniciativa.

La Amedi y el Coneicc apremiaron a las comisiones dictaminadora del Senado a no renunciar a su facultad revisora, a que en la elaboración de la legislación secundaria prevalezcan los derechos de los ciudadanos sobre los intereses de los corporativos, de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones.

La Amipci señaló que la iniciativa del Ejecutivo refleja interés por aprovechar las tecnologías de la información y comunicación como instrumentos para procurar el desarrollo económico y social del país. Establece medidas para promover inversiones en la redes y la penetración de Internet de banda ancha, además de incluir regulación asimétrica y beneficios para los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones y regulación.

Sin embargo, el organismo que aglutina a 200 empresas alertó que se debe regular Internet lo menos posible, debido a que la naturaleza de ese medio es precisamente su uso y acceso libre.

La iniciativa propone que los concesionarios y operadores de servicios de telecomunicaciones colaboren en materia de seguridad al proporcionar información de los usuarios de telefonía móvil, bloquear señales en reclusorios y coadyuvar en la geolocalización de alguien en especial. Sin embargo la Amipci puntualizó que esas actividades deben realizarse sólo si hay ordenes judiciales de por medio. Precisó que se deben limitar los requerimientos de autoridades para seguridad a lo técnicamente factible, así como ajustar los tiempos de entrega y conservación de la información.

Asimismo, se manifestó en contra de que se considere a los proveedores de servicios de Internet como responsables de los contenidos que se suben a la red y que no sean ellos los que tengan que vigilar o filtrar los contenidos.

Se favorece el duopolio de tv

Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones son un retroceso a la democracia del país, ya que atentan contra las libertades de expresión, información, acceso a las tecnologías de la información y comunicación, aseguraron académicos y especialistas en el tema.

Destacaron que la iniciativa favorece al duopolio Televisa y Tv Azteca, ya que no se modifica la esencia del viejo modelo de comunicación electrónica del país.

En el foro de análisis sobre la propuesta de ley, que se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijeron que la iniciativa presidencial no promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión, deja intacto el duopolio de televisión abierta, y permite a Televisa seguir concentrado en la televisión de paga.

El académico Javier Esteinou comentó que el Estado regresó a convertirse en un empleado administrativo de los poderes mediáticos.

Por su parte Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano sobre Regulación, Medios y Convergencia, señaló que la iniciativa es de los retrocesos más importantes que podríamos tener, quebranta no sólo la Constitución sino también estándares internacionales en materia de competencia económica, también de libertad de expresión, de derecho a la información. Es violatora de derechos porque toda su lógica tiene que ver con dos cosas: mantener intocado el status quo de la radiodifusión existente, y dos, la necesidad o la tentación autoritaria de volver a controlar otra vez todo el sistema de medios.

(César Arellano)