Al continuar las comparecencias de aspirantes al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), ayer, en la sexta jornada, fueron examinados 26, con lo que ya se presentaron 127 candidatos en total.

Durante las intervenciones, en las que participaron ex funcionarios e investigadores, destacaron la necesidad de emprender una campaña contra la opacidad gubernamental, capacitar a los sujetos obligados de las entidades federativas y difundir los derechos de la ciudadanía al acceso a la información.

Entre los postulantes, ayer se presentó como candidato ciudadano, José Luis Moya Moya. Los senadores cuestionaron por qué ha gestionado, desde que se creó el Ifai, un total de mil 110 solicitudes de información y 629 recursos de revisión.

Labor encubierta

Moya Moya, ante la incredulidad de los legisladores, les reveló: No, están equivocados, no son mil 110 solicitudes, son muchas más, debido a que tengo cuatro o cinco alias con los que solicito información, debido a que como ya me conocían en el Ifai rechazaban mis solicitudes.

El perredista Alejandro Encinas le manifestó a Moya que se ha convertido en el zar de las solicitudes y cuestionó el que pida información de manera anónima. El presidente de la Comisión Anticorrupción, el senador Pablo Escudero, le inquirió: Lo conocemos, lo vemos por aquí muy cerquita, yo lo veía en la Cámara de Diputados siempre muy activo, ¿usted a qué se dedica, de qué vive, nos puede decir sus pasados tres empleos, cuánto duró en ellos?

El postulante ciudadano confesó: les voy a ser honesto. Hay funcionarios que me pagan por fuera de la nómina con nombres falsos, y también empresarios, por cuidar que no haya actos de corrupción en sus oficinas o empresas. Hay funcionarios que me contratan cuando sienten que una licitación está dirigida a determinada empresa, yo hago la solicitud, porque cuando un empresario la hace lo vetan. Es más fácil que un ciudadano solicite la información.

Acabo de parar una licitación de 70 ambulancias en Pemex por 7.5 millones de dólares, porque estaban destinadas a las mismas empresas. Hay funcionarios públicos que me contratan con nombres falsos, así sucedió en administraciones pasadas, porque no les conviene que yo aparezca en nómina, pero quieren cuidar que no haya corrupción en sus oficinas.

El senador Pablo Escudero le reviró: Eso es un delito.

–Puede ser un delito, pero es una forma de combatir la corrupción, respondió Moya Moya.

Incluso, señaló que la Comisión Federal de Electricidad le proporcionó información que le solicitó de la condonación del servicio de energía eléctrica al Gobierno del Distrito Federal por mil 800 millones de pesos.

Otro de los examinados ayer fue Sergio Arturo Valls Esponda, quien dijo que el principal riesgo es la deslegitimación constitucional, que no es otra cosa que una norma quede en retórica. Que no represente beneficio a la sociedad y no se pueda concretar en leyes secundarias. En el país eso es algo que ya conocemos, ahí están los artículos constitucionales 22 y 114.

De igual forma dijo que entre los desafíos para el instituto hay que definir los límites y los alcances de los nuevos sujetos obligados, y no me refiero a los partidos políticos y sindicatos, que siempre debieron de estar, sino de los particulares con funciones de autoridad.

Además, dijo, se requiere también definir claramente qué es seguridad nacional y qué es seguridad pública, porque a veces un ejercicio abusivo puede llevar a reservar información, hay que poner límite.