El principio constitucional de presunción de inocencia tiene importancia fundamental para la implementación de un derecho garantista en México, pues entre otras cosas obliga a las autoridades a respetar a plenitud el debido proceso de los imputados y a no manipular ni inventar evidencias en una investigación ministerial o en un juicio penal, manifestó Antonio López Ramírez, director operativo de la Comisión General de Investigación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el también profesor de la Escuela Libre de Derecho aseguró que el cambio de un texto, así sea constitucional, no erradica viejas prácticas inquisitoriales de los agentes del Ministerio Público o de los jueces, puntualizó.

En junio de 2008, a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón, el constituyente permanente reformó el artículo 20 de la Constitución para incluir varios principios jurídicos que ampliaron los derechos y garantías de los imputados en un delito. La modificación incluyó de manera textual el respeto a la presunción de inocencia.

Entrevistado por La Jornada sobre aspectos temáticos de su libro La presunción de inocencia y el principio de culpabilidad en el sistema acusatorio, editado por Ubijus, López Ramírez expresó que puede ocurrir que en los hechos la presunción de inocencia no sea bien vista por el gremio de los periodistas, pues representará una limitante para su trabajo, ya que en respeto a ese principio jurídico la legislación secundaria prohibió que cámaras y micrófonos grabaran las audiencias públicas previstas para los juicios orales.

Explicó que si bien el artículo 20 constitucional no prohíbe de manera expresa que los comunicadores registren las audiencias, ello ocurre en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los periodistas o los medios de comunicación acreditados deberán informar de su presencia al órgano jurisdiccional, con el propósito de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin, y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia, señala el artículo 55 de dicho código.

Las audiencias sólo podrán ser registradas por los representantes de los medios de información si el inculpado lo solicita y el acusador acepta, explicó el también ex fiscal de delitos financieros de la PGR.

En caso de que la parte acusadora objetara la petición del imputado, el juez puede resolver después de haber escuchado ambas posiciones.

A decir de López Ramírez, uno de los propósitos fundamentales de la presunción de inocencia es que represente en los hechos un freno para los abusos de poder, que en el pasado hacían las policías, los agentes del Ministerio Público y los jueces en perjuicio de los derechos humanos de acusados de algún delito.

Aseveró que ese tipo de abusos eran comunes por el simple hecho de que el viejo sistema de justicia penal (de corte inquisitivo y predominantemente escrito) permite el desahogo de audiencias en la clandestinidad de oficinas o cubículos de los fiscales y/o agentes del Ministerio Público.

La presunción de inocencia es un principio que de manera textual se incluyó en nuestra Constitución a partir de junio de 2008, pero ello no es la panacea, no es la solución definitiva a nuestros problemas en materia de procuración e impartición de justicia, sostuvo el experto en derecho penal.

Seamos claros: no sólo es el texto constitucional lo que rige el actuar de las personas. Es la cultura jurídica que ciudadanos y servidores públicos asuman, el respeto y la promoción de los derechos humanos y, por supuesto, la voluntad política de los gobernantes para que los principios constitucionales se respeten, añadió López Ramírez.