El número de centros cambiarios en el país se redujo 43 por ciento desde 2011 a la fecha por la nueva legislación para prevenir el lavado de dinero, ya que pasaron de 2 mil 800 a mil 600, aseguró Germán Castro Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec-td).

La reducción es mayor, agregó, si se considera que no todos los centros cambiarios actuales existían antes de la nueva normatividad, porque ingresaron nuevos negocios. Así que prácticamente la mitad del sector se fue, dijo, y previó que el número disminuya más, pero acotó que la regulación no impactaría tanto al sector si para sanearlo las autoridades actuaran contra las casas de cambio informales o ilegales que no cumplen con la ley.

Antes los centros cambiarios eran supervisados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita quedaron sujetos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta dependencia, sostuvo, enfrenta una carga y labor muy dura y ardua, buscando esquemas que le permita cribar (limpiar) un mercado que aunque esté registrado y supervisado por ellos, no garantiza que estén haciendo las cosas bien.

Si bien consideró que la normatividad en sí no es severa ni complicada, porque sólo es cuestión de aplicarse y preparar al personal, destacó que el problema es la gran cantidad de requisitos y de acciones que se piden y que distraen a los centros cambiarios y transmisores de dinero de las actividades propias de su negocio, afectando su productividad y competitividad.

Prácticamente la mitad de nuestros costos y funcionamiento está siendo afectada por estas nuevas disposiciones y necesidades de cumplimiento, mencionó el presidente de la asociación.

De los trámites que están obligados a hacer las casas de cambio se incluyen los llamados reportes de operaciones relevantes, es decir, aquellos que superan los 5 mil dólares, y que sólo el año pasado sumaron 6 millones de expedientes que mandan todas las instituciones del sector financiero, pero de los cuales la Secretaría de Hacienda revisa apenas una mínima parte porque no tiene capacidad para revisar todo, según queja recurrente de los participantes del segundo Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero, realizado el viernes pasado.

La mayoría de los centros cambiarios son negocios pequeños que tienen un movimiento promedio de 10 mil o 15 mil dólares por día. Las autoridades deben entender, sostuvo Castro Hernández, que la manera de eliminar o disminuir el número de sujetos o entidades financieras sujetas a supervisión no es llevarlos a la quiebra, sino generar una capacitación homogénea para todos sobre las nuevas normas, eliminar sólo a los que estén haciendo mal las cosas, así como localizar y focalizar las casas de cambio ilegales, que al tener más libertad para ofrecer mejores y más bajas cotizaciones del dólar generan una competencia desigual.

El sector está invirtiendo y está preocupado por cumplir la ley, lo que le genera más gastos, mientras las casas de cambio ilegales o informales no son supervisadas ni eliminadas y crecen de manera desmedida, como un hongo o un mal que no es atacado.