La orden de presentación girada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador interino y hasta anoche secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, podría ser un indicio del grado de complicidad entre los grupos de la delincuencia organizada y el poder político, siempre y cuando la investigación sea exhaustiva y sólida.

Afirmó lo anterior Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, quien llamó a realizar una indagatoria profesional antes de culpar al ex funcionario estatal, pues de lo contrario se le estaría usando como chivo expiatorio, igual que ocurrió en el llamado michoacanazo.

Involucramiento obvio de las altas esferas del poder

Es obvio que hay un involucramiento de las altas esferas del poder en las actividades de los grupos de la delincuencia organizada, al permitirlas y tolerarlas, lo cual no va a terminarse únicamente con golpes mediáticos espectaculares, dijo.

Sin ignorar el poder de corrupción que pueden tener los criminales, aseveró Ramírez, es indispensable que las posibles acusaciones que se formulen contra Reyna tengan sustento legal muy sólido, para evitar que los procesos judiciales se desmoronen.

“La serie de graves abusos que ocurrieron en el michoacanazo permitió que saliera libre la mayoría de los acusados. Eso es lo que nos preocupa, por eso pedimos que la justicia no quede en simples actos cosméticos, sino en un proceso que respete las formalidades de la presunción de inocencia”, indicó.