En la práctica, México viola más de 75 por ciento de las cláusulas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida desde 2003, aseveró el especialista Edgardo Bucaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana.

Hay otras convenciones internacionales ratificadas por México, abundó, como la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada (2003) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (2000), así como 16 convenciones sobre derechos humanos.

Son los instrumentos jurídicos más importantes a escala mundial para combatir la delincuencia organizada, pero México no los está aplicando y padece un vacío de controles judiciales, patrimoniales, sobre la corrupción, así como de prevención social que brinda un mercado a la delincuencia organizada trasnacional que le permite operar con un margen de maniobra de bajo costo, sostuvo Buscaglia en una videoconferencia desde Europa, transmitida durante el Segundo Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero de la consultoría TM Sourcing.

Es muy fácil entender porqué México posee altos índices de frecuencia de los delitos organizados económicos si no determina el cumplimiento real (de dichas convenciones), dijo. El país resulta atractivo y de bajo costo para que operen mafias de otras naciones, como la rusa, china o india, porque existe un gran vacío de Estado que explica uno de los principales subsidios a la instalación de la delincuencia organizada y su expansión en México. Incluso mencionó que grupos delictivos del país o extranjeros compran deuda pública de los gobiernos estatales.

México no tiene vacíos legislativos sino de aplicación, la brecha es enorme. No requiere más leyes, pero el problema del colapso de su aplicación es la ausencia de un pacto por México en serio. En tanto éste no se defina no vamos a ver desmantelada realmente la infraestructura, distribución y almacenamiento de las empresas criminales de México y otros países, donde el tráfico de estupefacientes es sólo una pequeña fuente de ingresos y se conecta con el tráfico de minerales y personas, el contrabando, la piratería o el fraude cibernético, entre otros delitos económicos, indicó.

Buscaglia ha realizado investigaciones desde 1990 en 110 países, y en los cuales, aseguró, se ha podido detener desde 2012 la tasa de crecimiento de los 23 tipos de delitos económicos, fortaleciendo los controles y la coordinación del sistema judicial en sus cuatro eslabones; es decir, policías, fiscales, jueces y sistema penitenciario.

En cambio, aseveró que en México dichos delitos económicos se han incrementado en los pasados seis años y no se pueden contener en la medida en que el sistema judicial no comience a mejorar; eso ha hecho que se esté utilizando la extradición de capos y capitos hacia Estados Unidos como válvula de escape.

Se requiere prevención

Buscaglia explicó que se requiere una política de prevención y combate al lavado patrimonial (del cual el lavado de dinero sólo es una parte) y que logra transferir los recursos ilícitos a los sectores legales de la economía mexicana, como las industrias de la construcción o farmacéutico y el sector agropecuario. Los ilícitos económicos que comete la delincuencia organizada no se pueden contener si la Secretaría de Hacienda no impone controles patrimoniales muy bien desarrollados, coordinados por la Procuraduría General de la República, pero que hoy brillan por su ausencia.

Los delitos patrimoniales tienen tres fuentes, detalló: la primera es la delincuencia organizada; la segunda es el traslado de dinero al exterior por maniobras de evasión fiscal o fraudulentas, y la tercera, por orden de magnitud, involucra a funcionarios públicos que mediante actos de corrupción obtienen grandes cantidades de dinero recién canalizados hacia negocios con los que surgen normalmente prósperos empresarios cuando sus ingresos declarados no son suficientes para tener este tipo de vida o actividad económica.

Esos recursos ilícitos al final terminan integrándose en la economía de los países con mayor seguridad jurídica, es decir, el delito económico de origen se lleva a cabo con mayor frecuencia en países con muy pobres niveles de gobernabilidad, como los de América Latina, Asia o África, pero luego se colocan en otras naciones con mayor seguridad, lo es que una paradoja, según Buscaglia. Estados Unidos, por ejemplo, concentra entre 18 y 19 por ciento del lavado de dinero mundial y 15 países concentran de 68 a 70 por ciento del total, después de que esos recursos pasaron por miles de transacciones”, señaló.