El Estado mexicano no ha hecho nada para atender las necesidades de la población con discapacidad, pues no se ha ocupado de diseñar una política pública al respecto, a pesar de que fue precisamente el gobierno del país el que impulsó con mayor fuerza una convención internacional en la materia, afirmó Guillermo Hernández, secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Coamex).

A propósito del informe que rendirán el próximo lunes en Ginebra las autoridades del país ante un comité de la Organización de Naciones Unidas especializado en estos temas, el activista señaló que se trata de un documento con mucha paja, lleno de números y cifras, pero sin incluir realmente datos estadísticos certeros.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue creada en 2006 y prácticamente se trató de una propuesta de México a la ONU, pero en el país hay retrasos muy preocupantes, lamentó Hernández.

Luego de firmar y ratificar la convención, en mayo de 2008, México tendría que haber implementado este mecanismo internacional por conducto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), con la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no se está haciendo nada para cumplir con dicha obligación, aseveró.

El Conadis no ha diseñado una política pública clara, no tiene presupuesto, no ha dado a conocer un programa anual de atención, que ya debería existir, ni maneja un plan sectorial. El panorama no es muy halagador, deploró.

Uno de los puntos más importantes en este terreno –además de la atención a grupos vulnerables, la inclusión social y la armonización de las leyes mexicanas en la materia con las normas internacionales– es el pleno reconocimiento de los derechos jurídicos de las personas con discapacidad, subrayó Hernández.

“En México se sigue teniendo una mirada muy paternalista y asistencialista sobre el tema. Con Vicente Fox se hizo un uso político del asunto, pero ahora no se le menciona para nada, ni siquiera con términos equivocados, como el de ‘capacidades diferentes’”, indicó.

El desdén del gobierno del país en este sentido es tal, añadió, que México puso una reserva interpretativa a la convención para no comprometerse a reconocer la plena capacidad jurídica de este sector de la población, pero se vio obligado a retirarla durante el sexenio anterior.

En este escenario, el 7 de abril el gobierno mexicano presentará un informe –con más de medio año de retraso– sobre su nivel de cumplimiento del tratado, pero se sabe que este documento tiene mucha paja. Hay muchas cifras de lo que se supone que han hecho las secretarías, pero sin tener realmente datos duros confiables.

Después de que las autoridades del país den a conocer en Ginebra su análisis, la Coamex y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia darán a conocer un reporte sombra, donde incluirán un balance crítico sobre este tema.