Los amparos promovidos por los equipos legales de Carlos Slim y Emilio Azcárraga contra las declaratorias de preponderancia emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) están apegados a lo que mandata la reforma constitucional. Podrían darle a ganar al primero que Inbursa y Carso salgan de la declaratoria de preponderancia, mientras al segundo le abren la posibilidad de alegar sobre la forma en que fue medido para fincarle obligaciones y así mitigarlas. Sin embargo, no obtendrían la revocación de la declaratoria, aseguró el especialista del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Ramiro Tovar Landa, al indicar que en conjunto todos los amparos en contra del Ifetel son más una estrategia legal para ganar tiempo debido a que las empresas tienen que empezar a cumplir con las obligaciones impuestas.

Destacó que el Ifetel y los preponderantes han cumplido con el debido proceso definido en la reforma constitucional, por lo que si la legislación secundaria se aprueba en el transcurso de los juicios de amparo no se les podrá aplicar, no es retroactiva y cualquier decisión está en manos de los tribunales, pero si se pretende imponer la ley secundaria procedería una controversia constitucional a cargo de los propios tribunales o del Ifetel.

Por separado, el director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que la propuesta del Ejecutivo de aplicar tarifa cero a los servicios de interconexión contraviene las facultades del Ifetel, que debe dirimir controversias entre operadores. Ese secuestro de facultades y la imposición de medidas que van en contra de las reglas del mercado puede generar distorsiones, ya que se podrían detener las inversiones de América Móvil y Telmex, que tendrían que regalar sus servicios sin recuperar siquiera los costos, advirtió.

En la semana se supo que Carso e Inbursa promovieron amparos contra las obligaciones de la declaratoria de preponderancia, con el argumento de que ninguna de las dos empresas tienen concesiones para operar redes públicas de telecomunicaciones ni están relacionadas con el negocio, por lo que no pueden cumplir con la regulación asimétrica en las que fueron incluidos como grupo económico de interés.

Televisa también promovió un amparo en contra de la declaratoria, aunque se desconocen los términos en que solicitó el recurso. El martes por la noche América Móvil, Telcel y Teléfonos de México informaron que también se ampararon por haber sido declarados preponderantes, con lo que a menos de un mes de que el Ifetel emitió su declaratoria los dos preponderantes ya están en los juzgados con al menos cinco amparos.

Tovar Landa señaló en una interpretación poco común que lo importante de que las empresas hayan acudido a los tribunales especializados a exponer lo que a su derecho convenga, es que se están conduciendo conforme a lo que la reforma constitucional marca, y conforme al debido proceso, porque tanto el Ifetel como los concesionarios están actuando según la ley vigente, aunque no haya todavía legislación secundaria.

Aunque se trate de amparos, el procedimiento que se está siguiendo reconoce la autoridad del Ifetel, y éste puede exigir que cada concesionario cumpla con sus obligaciones porque no hay suspensión, y los tribunales también están actuando conforme a la Constitución. Tovar Landa alertó que la legislación secundaria que resulte de los trabajos del Congreso no podrá aplicarse en los juicios porque no puede ser retroactiva.

Previó que Carso e Inbursa tienen altas posibilidades de ser excluidos de la declaratoria de preponderancia, porque en la fracción tercera del artículo 8 transitorio de la reforma sólo se refiere a preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión. Ninguna de las empresas está relacionadas con el sector. “El Ifetel hizo una interpretación sui generis y optó por incluirlos en el grupo de interés económico, pero sacarlos de ese grupo no mina la resolución del regulador”, dijo.

Añadió que es imposible que como parte de los juicios de amparo los concesionarios logren que el Ifetel retire la declaratoria de preponderancia, pero en el caso de América Móvil, Telmex y Telcel podrían alegar si las obligaciones impuestas promueven la competencia y benefician a los usuarios finales. Mientras, Televisa puede defenderse al cuestionar los parámetros para declararlo preponderante, es decir, si se tomó en cuenta la audiencia o la publicidad, o con base en qué fuentes se hizo, y siempre tendrá argumentos, sostuvo.

Tarifa cero

Jorge Fernando Negrete señaló que México requiere una legislación flexible y visionaria, que entre otros propósitos cumpla con el objetivo de inversión en telecomunicaciones de 700 mil millones de pesos previsto por el gobierno federal.

Criticó que la iniciativa intente imponer tarifa cero de interconexión con una explicación burda como inverosímil, con graves implicaciones regulatorias, ya que el argumento es que resulta difícil y complejo determinar el costo que significa utilizar redes de tamaños asimétricos, así como los beneficios para ambos operadores, la iniciativa afirma que un acceso recíproco sin cobro entre redes para la terminación mutua de tráfico aparece como un esquema particularmente adaptado para la situación de México.

Explicó que el artículo 131 inciso a de la iniciativa de ley prejuzga y usurpa las facultades regulatorias y la independencia técnica del Ifetel, al imponer por decreto una tarifa cero de interconexión para la terminación de llamadas en la red del agente económico preponderante mientras éste exista, sin haber realizado el modelo de costos y la investigación económica y técnica correspondiente. Sin ser el regulador en la materia, el gobierno cree sin evidencia alguna que ese es el mejor esquema para México, sin ningún estudio o modelo de costos que avale semejante planteamiento.

Consideró una “omisión deliberada, vacía de sentido y de fortaleza jurídica, que en la iniciativa no se haya definido el concepto de servicio público, porque “debilita a la autoridad y a la sociedad frente a las corporaciones mediáticas y los operadores.