Joaquín El Chapo Guzmán Loera enfrenta su primer procedimiento de extradición desde que fue reaprehendido el pasado 22 de febrero, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) concretó una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, informaron fuentes del Poder Judicial federal.

Este caso deriva de una medida cautelar librada el 17 de febrero de 2001 por el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales que ordenó la detención provisional de Guzmán Loera con fines de extradición al vecino país del norte.

El criminal mexicano es requerido por una corte del distrito sur de California en San Diego, el cual giró una orden de detención el 23 de agosto de 1996, en el expediente 95-0973-b, por conspiración para importar y poseer 50 toneladas de cocaína con intento de distribución, así como probables delitos de lavado de dinero y operaciones criminales relacionadas con la delincuencia organizada.

Como parte de este expediente abierto en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera, la fiscalía de San Diego pretende decomisar bienes al cártel de Sinaloa, que hasta febrero pasado encabezaba El Chapo, hasta por 700 millones de dólares.

Luego de la captura, en febrero pasado, de Guzmán Loera, fuentes gubernamentales mexicanas informaron que la administración del presidente Enrique Peña Nieto aplicará una nueva política en materia de extradiciones que pondrá fin a las denominadas entregas exprés realizadas durante el pasado sexenio del panista Felipe Calderón, por lo que miembros del narcotráfico, como Guzmán Loera, sólo serán entregados al gobierno estadunidense hasta que concluyan sus juicios penales en México.

Las autoridades mexicanas harán válido un protocolo suscrito en 1997, mediante el cual las extradiciones temporales de acusados con cargos penales en México y Estados Unidos procederán hasta que los delincuentes tengan sentencias condenatorias en su país de origen.

Lo anterior implica que, por tiempo indeterminado, pueden ser varios años, El Chapo Guzmán permanecerá recluido en México para enfrentar al menos ocho causa penales por delitos cometidos en nuestro país y, hasta que sea sentenciado en todos esos casos, podrá ser extraditado para que comparezca ante las autoridades judiciales de Estados Unidos.