La propuesta contraviene la reforma constitucional, coinciden especialistas del sector
Muestra tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura; podría vulnerar derechos de libertad de expresión y de información, destacaron agrupaciones académicas
Miércoles 2 de abril de 2014, p. 27
La iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo al Senado de la República ha puesto en alerta a académicos, especialistas, consultores, empresarios y científicos que, dependiendo de sus intereses y preocupaciones, se han manifestado en contra del documento, aunque coinciden en que es necesario el diálogo para tener la mejor legislación convergente y, sobre todo, con apego a la reforma constitucional.
El presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), Gerardo Soria, advirtió que los recursos de amparo contra las declaratorias de preponderancia promovidos por Grupo Carso, Grupo Inbursa y Televisa son resultado de la premura con la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tuvo que emitirlas, sin que existiera la legislación secundaria que le habría permitido más fortaleza.
Destacó que el Ifetel tiene elementos para defenderse, pero no tan sólidos como si ya existiera la ley convergente. Puntualizó que si Carso, Inbursa y Televisa ganaran los amparos, para cuando eso ocurra y si para entonces ya hubiera legislación secundaria, el órgano regulador podría emitir de inmediato nuevas declaratorias de preponderancia más sólidas.
Miguel Calderón, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones y ejecutivo de la compañía Telefónica, señaló que la legislación secundaria propuesta por el Ejecutivo federal debe ser modificada en diversos puntos, pero sobre todo en los que dotan de facultades al Ifetel para fortalecerlo en verdad, y los que se refieren a las sanciones por preponderancia, así como en los artículos que pretenden que los concesionarios entreguen información sobre los usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles a cualquiera de los 3 mil agentes del Ministerio Público que podrían requerirla, lo cual sería muy grave.
Por separado, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (Amic), que aglutina especialistas, académicos y científicos de las principales instituciones educativas y científicas del país hizo un llamado al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Ifetel y a todos los involucrados en la elaboración de las leyes reglamentarias a modificar el contenido de la propuesta oficial porque es preocupante
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Destacaron que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional, e incluso se opone a ella en diversos aspectos, con el riesgo del atraso digital, muestra las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura, así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En telecomunicaciones aseguró propone una regulación desequilibrada y no simultánea para América Móvil, Teléfonos de México y Televisa, y deja a esta última empresa sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Ifetel a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, entre muchas otras deficiencias y violaciones a la reforma constitucional.