El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias Sociales y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, por medio de una misiva, destacaron que es necesario modificar la propuesta de ley reglamentaria de telecomunicaciones y sacar de ella las facultades que se conceden a la Secretaría de Gobernación, ya que resulta inconsistente que a esa dependencia se le otorgue capacidad jurídica para supervisar los contenidos.

Destacan las organizaciones que de aprobarse en sus términos la iniciativa del Ejecutivo, se violentaría una de las más importantes atribuciones constitucionales del órgano regulador.

Asimismo, señalan que en materia de competencia económica, la iniciativa diluye de manera significativa el alcance de lo dispuesto por el artículo 28 constitucional, en cuanto a la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulación de esa naturaleza constituiría ‘‘un abuso de control sobre los medios de comunicación que (configuraría) una forma de censura previa indirecta’’.

Por otra parte, Alma Rosa Alva de la Selva, especialista en telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones representa una ‘‘regresión’’, ya que favorece a los grandes consorcios y deja de lado el ámbito social, perjudicando a los medios públicos y comunitarios.

Apuntó que la iniciativa contradice la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada el año pasado, pues le arrebata autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como en el otorgamiento de concesiones, pues plantea que se tendría que escuchar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que no se contemplaba en las modificaciones constitucionales.