Desde hace por lo menos un mes, integrantes del Partido Comunista de México (PCM) son hostigados en varias regiones del país, siguiendo la misma estrategia que desembocó en el asesinato de tres de sus miembros, advirtió Jonathan Hernández, del buró político de dicha organización en el Distrito Federal.

Explicó en charla con La Jornada que el modus operandi ha sido igual en todos los casos: los miembros del PCM o de organizaciones afines son acusados de pertenecer a algún grupo armado, después empiezan a recibir amenazas de muerte y finalmente éstas se concretan, como ocurrió en agosto de 2013 con Raymundo Velázquez, Samuel Vargas y Miguel Ángel Solano.

El mismo método se aplicó con Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Unión de Productores de la Costa Grande, de Guerrero, quien tras ser señalado como supuesto miembro del Ejército Popular Revolucionario recibió amenazas y fue asesinado en noviembre de 2013, junto con su pareja, Ana Lilia Gatica.

Ahora, indicó Hernández, los militantes acosados son Gustavo Adolfo López Ortega, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria, en Oaxaca; Gaudencio Brito Flores y Marco Vinicio Dávila, en Orizaba, Veracruz; Ernesto Blanco Medina, de 13 años, en Jojutla, Morelos, y Enrique López Gutiérrez, en Tampico, Tamaulipas.

Juan Rubio, líder de la Federación de Trabajadores Independientes, fue amenazado hace tres semanas cuando circulaba en su auto en Nezahualcóyotl, estado de México, y algunos militantes del PCM en Jalisco han sido señalados como guerrilleros.

Estamos muy preocupados y responsabilizamos a las fuerzas armadas como el brazo ejecutor del Estado mexicano, siguiendo la táctica de crear grupos paramilitares, como ocurrió en Colombia, y decimos que vamos a continuar nuestras tareas, aseveró.