San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de marzo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, es pionero en México en el ejercicio de dicha defensoría, de la cual ningún Estado que se diga democrático puede hoy desentenderse. Fundado en marzo de 1989 por el obispo Samuel Ruiz García en la calle 5 de Febrero de esta ciudad, nace en un contexto local de alarmantes desigualdad, discriminación y explotación hacia los pueblos mayas de un Chiapas aún feudal. La vida de los indios no valía más que la de una gallina, según expresión de un ganadero al filo de 1993. Hasta hace poco aquí existían el acasillamiento, el derecho de pernada, la brutalización deliberada, la esclavitud.

Pero también se desarrollaba un cada día menos aislado proceso de conciencia, organización, reivindicación de identidades y derechos colectivos en los pueblos tzotziles, choles, tzeltales, tojolabales. Fueron actores clave en dicho proceso el obispo y la muy original organización de su diócesis, en la vertiente del Concilio Vaticano II que con el tiempo se llamaría de la liberación; también organizaciones campesinas independientes vinculadas a movimientos nacionales. Otro actor, controvertido, fueron las iglesias cristianas, en su mayoría difundidas inicialmente por misioneros estadunidenses, promoviendo la búsqueda de la prosperidad bajo valores individualistas, en contradicción con el comunitarismo ancestral que el catolicismo no erradicó.

Presidido por el combativo Raúl Vera López, ex obispo auxiliar de Samuel Ruiz y hoy titular de la diócesis de Saltillo, el Frayba se ha independizado de la estructura eclesiástica y se inserta en el espacio ciudadano en las montañas de Chiapas sin traicionar su objetivo original de 1989: la defensa de los derechos de las personas en sus dimensiones individuales y comunitarias, preferentemente de los pobres. Comienza el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y el de Patrocinio González Garrido en Chiapas.

Lo primero que denuncia el Frayba es el carácter antidemocrático y anticonstitucional de las reformas al código penal de diciembre de 1988 en Chiapas, y describe la situación de la hora tomando como punto de inflexión el Congreso Nacional Indígena realizado en San Andrés Larráinzar en 1974, donde muchos analistas ubican el arranque del proceso liberador de los pueblos. Cita las represalias: Esta situación encuentra su punto álgido al iniciarse la década de los ochenta, cuando en Wolonchán la población es salvajemente reprimida con saldo de varios muertos (no hubo quien los contara) y heridos. En El Paraíso, de Venustiano Carranza, son cruelmente masacrados nueve campesinos.

La historia negra de Chiapas, dijo el Frayba en su primer día, es difícil de medir. Tan sólo según fuentes públicas, entre enero de 1974 y julio de 1987 se presentaron 4 mil 731 casos de acciones represivas: asesinatos, heridos y lesionados, detenidos y presos, secuestrados y torturados, desaparecidos, atentados, expulsiones de familias, violaciones, golpeados, desalojos, allanamientos de morada, saqueo de oficinas y archivos, acordonamiento policiaco, robo de documentación agraria, represión a marchas y mítines, destrucción de viviendas, iglesias y escuelas. Todo un temario. El trabajo sería combatir el silencio.

El señor José Torres López muestra la foto de su hijo asesinado, José Tila García, al participar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó en diciembre pasado en la comunidad Susuclumil, municipio de Tila, donde el grupo paramilitar Paz y Justicia perpetró delitos contra la población cholFoto Moysés Zúñiga Santiago

Indignación y rebeldía

Confrontamos una realidad injusta y deshumanizante que provoca en nosotros una indignación y una rebeldía que nos hace decir: ¡Esto no puede, no debe ser así! Son las primeras palabras del Frayba hace 25 años, cuando un equipo, en el que participaban Concepción Villafuerte, Gonzalo Ituarte y Francisco Hernández de los Santos comienza a contar las historias y despertar las memorias del agravio y la ilegalidad del poder.

En la capital del país surgían centros similares. El propio gobierno modernizador debió establecer su Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la defensoría en Chiapas era casi tan peligrosa como las luchas y la mera existencia de los pueblos indios. Sin el paraguas de la Iglesia católica hubiese sido inviable. En enero de 1994 las circunstancias del centro cambiaron dramáticamente con el levantamiento del EZLN y la participación del obispo en la mediación entre los rebeldes y el gobierno. El Frayba, dirigido por el entonces sacerdote Pablo Romo, queda en el ojo del huracán. Ahora debía defender los derechos de los pueblos en medio de una guerra que, si bien sus combates duraron 12 días, se han desarrollado sin reposo por 20 años la militarización y la guerra encubierta en múltiples frentes.

Gonzalo Ituarte, cercano colaborador de don Samuel, celebró en días pasados la aportación del Frayba a la evolución de Chiapas y de México, a la acción y el pensamiento de los pueblos, las comunidades, la sociedad civil y la Iglesia misma. Además de cubrir el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos, “ha aportado con su acción al fortalecimiento de iniciativas populares, de organismos no gubernamentales, de esfuerzos de mediación –particularmente con la Conai (Comisión Nacional de Intermediación)–, con un papel muy relevante y no suficientemente analizado en la complejidad del conflicto armado no resuelto en Chiapas y sus múltiples efectos colaterales”.

Acrecienta legitimidad

A partir de 1996 el Frayba queda conformado sólo por laicos, algunos de ellos indígenas. Lo dirigen sucesivamente dos mujeres (Marina Patricia Jiménez y Blanca Martínez Bustos). Se enfrenta a las grandes tragedias del periodo (Chenalhó, El Bosque, la zona Norte) y acrecienta su legitimidad ante los pobres, incluyendo a los pueblos zapatistas. El Estado se ve obligado a tomarlo en serio y para los sucesivos gobernadores se convertirá en una obsesión, como todo lo que sale de su radar propagandístico. Roberto Albores Guillén, Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero, así como los servicios federales de inteligencia, no escatiman esfuerzos para vigilarlo, amedrentarlo, difamarlo. Los intentos de cooptación son intensos y dos ex directores (Marina Patricia Jiménez y Diego Cadenas) se incorporan a gobiernos estatales, lo cual sólo reforzaría la independencia del proyecto colectivo como voz, acompañante, asesor, defensor legal de pueblos e individuos determinados a sacudirse la opresión, el abuso y la humillación.