Ante la ambigua acción de las autoridades judiciales de Chihuahua al no investigar la actuación de Ramón Quintana Villasana, ex director del centro de readaptación social 9, que permitió la tortura de Israel Arzate, preso durante tres años por presuntamente participar en la masacre de Villas de Salvárcar, la PGR tiene la oportunidad de resarcir estas omisiones, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que llamó a la entidad a proteger a Arzate y su familia y a reparar el daño causado al joven por su encarcelamiento en un juicio que no logró demostrar su culpabilidad.