La investigadora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega, denunció este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que las autoridades federales y estatales han obstaculizado las averiguaciones que ComVerdad realiza desde hace ya dos años para esclarecer cientos de crímenes cometidos por el Ejército y las policías Federal y local contra la población civil durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.

Pilar Noriega demandó que el Estado mexicano dé por terminada su estrategia de obstaculización y opte por un compromiso con la verdad.

Entre las dificultades que han tenido que enfrentar, citó el de la seguridad de los comisionados. En la audiencia pública de la CIDH, celebrada en Washington, la criminalista Noriega expuso como probable intento de impedir los avances de sus investigaciones un atentado –al que llamó incidente de seguridad en el que se vio en riesgo su integridad física– sufrido por ella y otro comisionado, Nicomedes Fuentes García, el 28 de enero de este año en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.

Según el testimonio de Fuentes, publicado en el portal de ComVerdad, ese día un vehículo no identificado, con cuatro hombres a bordo, embistió la camioneta oficial de la comisión. Los atacantes dispararon, aparentemente, al aire. Los dos defensores de derechos humanos salieron ilesos, pero tuvieron que pasar la noche en el monte, hasta que lograron llegar en transporte público a la capital guerrerense. Está abierta, pero sin avances, una averiguación previa sobre estos hechos ante un agente del Ministerio Público local.

Además, el 22 de marzo otra comisionada, Hilda Navarrete, recibió una amenaza de muerte vía telefónica.

Esta agresión ocurrió poco después de que la comisión anunció que realizará una nueva operación de exhumaciones en sitios aun no explorados y especificados por familiares y sobrevivientes de intentos de desaparición forzada, en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del Ejército Mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles.

Otro de los obstáculos denunciados es la falta de acceso, vigente hasta hace tres días, a los expedientes sobre la guerra sucia en Guerrero. Apenas el lunes 24 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) accedió a levantar la restricción y reserva para que ComVerdad pueda estudiar la documentación.

Aun así, abundó Pilar Noriega, habrá dificultades para un acceso íntegro, ya que tanto la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que realizaron investigaciones previas sobre estos hechos, pudieron constatar que esos expedientes están incompletos, dispersos, ocultos, bajo reserva, mutilados o alterados.

Ante esto, el Estado podría faltar a su deber de preservar la memoria que es parte del patrimonio de los pueblos, a la vez que se mermaría la posibilidad de una investigación completa de los hechos, indicó.

Otro desafío es superar la intención del Estado de impedir el registro de sobrevivientes en el padrón de víctimas con acceso a las medidas de reparación del daño. Este colectivo de víctimas presentó denuncias ante la CNDH y la Femospp en su momento, pero se resolvió el no ejercicio de la acción penal por prescripción del delito, ya que en esos años no estaban tipificada la desaparición forzada ni la tortura.

Noriega destacó la urgencia de allanar los obstáculos para que la Comisión de la Verdad de Guerrero emita su informe final en el plazo previsto, que expira en octubre –ya le fue concedida una única ampliación de seis meses.

El Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino de las personas desaparecidas, y tiene la obligación de informar a sus familiares y a los sobrevivientes si éstas fueron tiradas al mar o fueron enterradas.

En representación del gobierno asistieron a la audiencia la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la misma dependencia, Lía Limón, quien aseguró que se brindarán todas las garantías para que se lleven a cabo las excavaciones y exhumaciones planeadas.

También afirmó que el Estado mexicano ya aceptó su responsabilidad en los hechos de delitos contra la humanidad en Guerrero en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a principios del año pasado. No tendremos ninguna resistencia en volverlo a hacer, finalizó.