on rapidez inusual, el Congreso de Quintana Roo aprobó este lunes una ley que en su iniciativa original se titulaba (con apariencia inocua) de cultura cívica y terminó denominándose (reconociendo su corte represivo) de ordenamiento social. Con ella se pretende constreñir, tanto en formas como en el fondo, el ejercicio de las libertades cívicas y políticas, facultar al gobernador del estado para opinar y sugerir correctivamente respecto a los términos en que los presuntos manifestantes hubieran planteado su solicitud de autorización con un mínimo de 48 horas de anticipación, y dar licencia a las fuerzas policiacas para mantener toda protesta en los límites aprobados por la burocracia e incluso disolverla y actuar directamente contra organizadores o manifestantes, a los que les podrán ser aplicadas multas proporcionales a sus faltas, aparte de las res- ponsabilidades que se les finquen en materias civil, administrativa y penal (puede leerse más en Luces del Siglo).

La polémica iniciativa de ley fue presentada ante el Congreso el jueves pasado por el diputado priísta Juan Carrillo Soberanis, quien es uno de los políticos más cercanos al gobernador Roberto Borge Angulo. Carrillo ha sido líder de las juventudes priístas en el estado y se le ha mencionado como partícipe en tretas de obstrucción de actos de Andrés Manuel López Obrador en la entidad. La propuesta fue aprobada este lunes por 20 votos a favor, provenientes del PRI y del Verde Ecologista, frente a cinco de legisladores pertenecientes al PRD, el PAN y el PT.

A partir de que el gobernador Borge ordene la publicación de esta ley en el Diario Oficial del Estado, en Quintana Roo se deberá solicitar autorización a la Secretaría General de Gobierno o a las secretarías de los ayuntamientos para realizar actos públicos de protesta. Los solicitantes deberán dar nombre, correo electrónico, número de teléfono, copia de identificación oficial, punto donde se iniciará la manifestación, plantón o marcha y el recorrido que seguirá, así como las causas de esas movilizaciones (más detalles).

Presentada la solicitud, la administración pública podrá emitir una opinión con propuestas de modificaciones al señalamiento del lugar de la manifestación. Pero, de entrada, queda prohibido manifestarse en vías públicas primarias, avenidas importantes o carreteras. También en calles que sean de un solo sentido de circulación; sólo se permitirá en aquellas que tengan doble carril, ocupando sólo la mitad y, de preferencia y, si es posible, en carriles laterales. Además, se impedirán manifestaciones en espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado (enorme subjetividad que las autoridades precisarán de forma discrecional). Las fuerzas policiacas disolverán las manifestaciones en las que se profieran injurias, se amenace o se haga uso de violencia contra autoridades para que resuelvan sus demandas, obstruyan el tráfico automotriz y el ingreso a inmuebles, o impidan el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes.

El reordenamiento social va con dedicatoria inmediata a profesores y taxistas que han realizado masivas y enérgicas protestas en Chetumal, Cancún y Playa del Carmen y pretende un control marcial a 50 días de que se realice el tianguis turístico nacional. El gobernador Borge Angulo ha salido a defender su creación argumentando que es una ley moderna, de vanguardia, que protege las fuentes de tra- bajo y el empleo, pero so- bre todo la imagen de nuestros destinos turísticos, las instalaciones estratégicas y la seguridad de ciudadanos y turistas. En una nota am- pliamente difundida a través de cuentas de Internet oficialistas (en esas redes se asegura que el jefe de los bots gubernamentales es César Mortera Egremy, @CesarinMe en Twitter), Borge aseguró que lo que se aprobó es regular, con respeto pleno a los derechos constitucionales, las manifestaciones, no prohibirlas; y “hay un interés superior que se está protegiendo, el de la sociedad, que rechaza el caos generado por intereses de grupo”).

Frívolo, ineficaz, provocador y desordenado, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge (del grupo de los mandatarios estatales cuyo estilo gusta en Los Pinos, como también sucede con el jalisciense Aristóteles Sandoval), ha lanzado de esta manera una maniobra exploratoria para ver si a nivel nacional el peñismo puede promover oportunas leyes para someter a los que consideran socialmente desordenados, a los manifestantes protestatarios que se multiplican de manera proporcional a los actos generalizados de mal gobierno.

Televisa también busca reordenamientos. Ya aguantó, a valores entendidos, las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. Pero ahora va por ajustes en las leyes reglamentarias que significarían una suerte de contrarreforma. Por lo pronto, en comunicado oficial ha expresado inconformidad con algunos términos de las iniciativas enviadas por el telepoderoso Enrique Peña Nieto. El acomedido Emilio Gamboa (XHEG, una importante estrella del canal legislativo) ya ha hablado de que se harán cambios a esas iniciativas. Y políticos de diversos partidos se tropiezan para hacer servicios a la empresa de Azcárraga Jean (en el PAN, por lo pronto, desde el Senado se oponen a arranques de la presidenta interina, Cecilia Romero).

Muy ordenaditos podrían quedar los perredistas si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide excluir el tema energético de los que podrán ser sometidos a consulta popular. En pri- vado, varios de los principales dirigentes del sol azteca se consuelan temprana- mente diciendo que si no es posible tal consulta respecto a la reforma constitucional, sí lo sería en cuanto a las leyes secundarias. Por lo pronto, los ministros de la SCJN debaten.

Y, mientras el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, pone atención a la violencia creciente en el estado de México, ¡hasta mañana!

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