Washington, 25 de marzo.

Una coalición de 17 organizaciones denunció este martes que los esfuerzos antidrogas que realizan gobiernos propician la violación sistemática de derechos humanos y pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluar la efectividad de la estrategia.

Es la primera vez que la CIDH analiza los programas de la lucha contra las drogas en la región desde una perspectiva de los derechos humanos y las consecuencias que el combate al narcotráfico y el consumo de estupefacientes han tenido en esta materia.

Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, sostuvo que 50 años después del inicio de la guerra contra las drogas, las consecuencias son, por lejos, más dañinas que los males que se pretendía prevenir.

Entre las violaciones que según 17 ONG de América suceden en la guerra contra las drogas, figuran la justificación de una política de mano dura y la militarización de la sociedad.

Rodrigo Uprimmy, director de la organización colombiana DeJusticia, argumentó que la lucha contra los estupefacientes facilita la violación de los derechos a la vida, la integridad, la presunción de inocencia, la libertad personal, la privación de libertad en condiciones dignas y la libre circulación, entre otros.

Los siete miembros de la CIDH evaluarán la semana próxima las solicitudes recibidas en las audiencias celebradas esta semana en la capital estadunidense.

Si bien la CIDH no ha abordado directamente el tema de la eficacia de los esfuerzos antidrogas, la Organización de Estados Americanos planteó que la despenalización del consumo debe ser la base de cualquier política de salud, y no los arrestos.