Teléfonos de México (Telmex) podrá solicitar la concesión única que le permitiría entrar al negocio de la televisión en 2017, después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) compruebe que cumplió durante 24 meses ininterrumpidos con todas las obligaciones impuestas por ser agente económico preponderante.

Telmex lleva por lo menos ocho años intentando que el gobierno federal le conceda el cambio de título de concesión para entrar al negocio de la televisión, y con ello ofrecer servicios de triple o cuádruple play. Sin embargo, hace tres años, durante la administración de Felipe Calderón, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negó ese beneficio por considerar que la empresa no había cumplido con el acuerdo de convergencia, que la obligaba a proporcionar sin discriminación la interconexión a su red, garantizar la interoperabilidad de redes y la portabilidad numérica.

Además, en su momento el gobierno federal alegó que tampoco había cumplido con un convenio marco de interconexión que no existía, ya que debería haberse integrado al acuerdo de convergencia en 2006, y hasta la desaparición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no se había concretado.

Con la reforma constitucional a telecomunicaciones se reforzaron las condiciones para Telmex. Con la declaratoria de preponderancia el Ifetel se encargó de puntualizar que para ingresar al régimen de concesión única deberá cumplir con las antiguas condiciones del acuerdo de convergencia, aunque ya no con ese nombre. Las condiciones sobre interconexión retomaron el convenio marco de interconexión al que se ha opuesto la empresa, y el regulador dispuso la desagregación del bucle local de Telmex, medida que las autoridades no se habían atrevido a ejercer.

Debe desagregar red

En el proyecto de legislación secundaria enviado al Senado de la República por el Ejecutivo, las disposiciones para que la empresa como agente económico preponderante logre entrar al negocio televisivo definen que no podrá cobrar por el servicio de interconexión, deberá desagregar su red, y demostrar que durante 24 meses ininterrumpidos cumplió con una larga lista de obligaciones. En consecuencia, la empresa ya no podría entrar a la licitación de televisión abierta que concluirá con la adjudicación de las dos cadenas, a más tardar en el primer trimestre de 2015.

El artículo noveno transitorio dice que el agente económico preponderante deberá demostrar que cumplió con lo dispuesto en su título de concesión, más las obligaciones que se le hayan impuesto. El Ifetel deberá comprobar que cumplió durante 24 meses sin falta y podrá auxiliarse de un tercero experto en la materia y de reconocido prestigio, que certifique el eficaz cumplimiento de las medidas y requisitos que se hayan impuesto.

El pleno del Ifetel tendrá 60 días para resolver si concede o no la autorización, así como la contraprestación que deberá cubrir, y el preponderante deberá presentar un calendario por zona geográfica, en el que detalle el comienzo del servicio adicional que pretenda ofrecer.

Pero la supervisión no termina ahí, ya que el Ifetel verificará año con año que la empresa siga cumpliendo con las obligaciones impuestas y con la prestación del servicio.

Carlos Slim, en imagen de archivoFoto Cristina Rodríguez

Afecta reglamento operación de la televisora

Acusa omisiones que favorecen a la telefónica

Miriam Posada García

Grupo Televisa informó que seguirá las discusiones sobre la iniciativa de legislación secundaria que envió el Ejecutivo federal al Congreso, destacó que el resultado deberá ser plenamente congruente con el objetivo de la reforma constitucional de generar competencia, y advirtió que en un primer análisis encontró que hay nuevas disposiciones de preponderancia para esta empresa que exceden por mucho lo dispuesto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y que de aprobarse provocarán limitaciones en su operación.

Criticó que en materia de telecomunicaciones la iniciativa del Ejecutivo no prohíbe de forma expresa al agente económico preponderante –Telmex y Telcel– que deje de aplicar tarifas distintas a sus usuarios y a los de otras compañías, con lo cual se mantiene el denominado efecto club, que inhibe la competencia efectiva y perjudica a los usuarios.

Señaló que el proyecto de ley no reglamenta ni desarrolla en absoluto los términos de aplicación del texto constitucional que prohíben al agente económico preponderante en telecomunicaciones beneficiarse de la regla de gratuidad para la retransmisión de contenidos radiodifundidos. Con esta grave omisión, aunado a la demora en las investigaciones del Ifetel, Telmex se aprovecha de la gratuidad de nuestras señales, y de las de otros radiodifusores, vía Dish.

Televisa afirmó que la iniciativa carece de aspectos cuya aplicación es necesaria para contener al preponderante en telecomunicaciones, y que deberán ser revisados y fortalecidos en el proceso legislativo, como la regulación del roaming entre concesionarios, y la determinación de tarifas con base en el costo incremental puro. Deberá analizarse también la discrecionalidad que se otorga al Ifetel para determinar las obligaciones que serán aplicables o no al preponderante.

La televisora advirtió que las obligaciones que el Ejecutivo pretende imponerle a través de la legislación secundaria traerán consecuencias en su operación, uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación, entre otros aspectos.

Consideró que el proyecto de ley convergente contiene reglas sobre multiprogramación, que se convertirán en barreras a una oferta programática más amplia, diversa y plural.

En cuanto a la regulación de contenidos, Grupo Televisa revisará a profundidad la iniciativa de ley, pero en una primera lectura se observa que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas.

Estas disposiciones del proyecto de ley se agregan a las resoluciones del Ifetel, que ya afectan los negocios de radiodifusión y tv de paga de Grupo Televisa, tales como las obligaciones impuestas en materia de must carry y must offer; la convocatoria para la licitación de por lo menos dos cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en el terreno comercial, y la creación de una cadena nacional adicional de servicio público, que captará la atención de diversos sectores de la audiencia.