as últimas semanas han servido para mostrar la importancia de contar con un transporte público eficiente y moderno en la ciudad de México. La suspensión de 11 de las 20 estaciones de la línea 12 del Metro ocasiona a 400 mil pasajeros innumerables problemas. No solamente pierden más tiempo en transportarse en los autobuses que realizan el traslado de Tláhuac a Atlalilco, sino que viajan con incomodidad y recibiendo su buena dosis de contaminantes.

Lo que ocurre con la que la administración anterior bautizó como línea dorada obliga a la autoridad local y a las instancias que deben supervisar las obras y el gasto público (la Asamblea Legislativa de la ciudad, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, hoy tan desprestigiada por su complicidad en el caso Oceanografía) a cumplir sus objetivos, pues para eso les pagamos los ciudadanos. Y además muy bien. De haberlo hecho con eficiencia habrían detectado las fallas que ahora se denuncian. No convencieron las explicaciones iniciales de las constructoras que realizaron el trazado de la línea 12 de que su trabajo fue impecable y que fallan sólo los rieles y los vagones. ¿Acaso una obra de tal magnitud no exige la necesaria y permanente coordinación de quienes la realizan? ¿Cómo es que 16 meses después de inaugurada descubren que algo anda mal? ¿Pueden cometer errores tan graves empresas experimentadas como ICA, Carso y Alstom? ¿O la española CAF, fabricante de los trenes?

Aumenta la sospecha pública de que nadie escapa de responsabilidades cuando cuatro empresas extranjeras entregaron el certificado internacional que avala la seguridad de la línea 12. Por esa labor cobraron 120 millones de pesos. Crece la sospecha cuando otras cuatro se encargaron de la coordinación y supervisión del proyecto civil y electromecánico hasta la inauguración de la obra. También de efectuar los estudios y análisis relacionados con el proyecto, la construcción, las instalaciones fijas, las pruebas, la marcha en vacío y la puesta en servicio. Por esas labores cobraron 338 millones. Cabe preguntar si todas esas empresas eran las más calificadas en el ramo y si la adjudicación de los contratos respectivos se apegó a la ley. Porque con la línea 12 sale a relucir la discrecionalidad con que se adjudican las obras y su supervisión en la ciudad. Hasta las concesiones para la publicidad en la vía pública, que contamina visualmente.

Si, como afirma Marcelo Ebrard, la línea dorada aprobó todas las auditorías y certificaciones y el dinero público se utilizó correctamente, la responsabilidad de lo mal hecho recae en las compañías constructoras, que se deshacen en justificaciones que no convencen. La de los trenes en primer lugar, la española CAF. Ésta dice que los 20 que vendió cumplían las especificaciones técnicas solicitadas. En cuanto a ICA, el mercado accionario dictó ya su veredicto al bajar estrepitosamente sus acciones en la bolsa. Y en la tómbola de la exculpaciones las constructoras dicen ahora que el problema se debe a falta de mantenimiento, y que la línea no debió cerrarse.

Tan lamentables son las explicaciones empresariales como las vendettas entre grupos de poder ligados al gobierno capitalino. O las críticas de la arquidiócesis de la ciudad (defensora acérrima del depredador Marcial Maciel), que con flamígeras proclamas cobra a Ebrard haber apoyado la aprobación de la legislación sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mientras salen más datos sobre una obra mal hecha, lo ideal sería que cada gobierno citadino construyera bien una nueva línea del Metro, previa consulta ciudadana y sin sospecha de favoritismo. O continuara las actuales. En vez de patrocinar segundos pisos en beneficio de las trasnacionales de automóviles, las constructoras a las que se les concesionan tales obras y los bolsillos de unos cuantos. En el sexenio de Luis Echeverría no se agregó ni un metro al Metro para favorecer al pulpo camionero. Con ello se retrasaron obras básicas para la movilización de la gente y hubo más contaminación.

Los ciudadanos no tenemos por qué pagar este desastre. Corresponde hacerlo a las compañías y los funcionarios que resulten responsables.