Marcela González Salas, titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, permanece como responsable de esta área. Tiene la encomienda de concluir el proyecto de reforma a la ley del ramo, vigente desde 1947, la cual nunca ha sido modificada.

El plan es regular esta industria y preservar el sentido de la recreación, es decir, ordenar, pero sin un velo moralista que condene los casinos.

Una de las aristas más importantes es colocar candados para impedir el lavado de dinero en los negocios del sector, así como regular medidas de protección a los usuarios. Por ejemplo, prohi­bir la instalación de cajeros bancarios dentro de los establecimientos, como una medida para atajar la ludopatía, indicaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

La norma ha permanecido inamovible por 66 años; sin embargo, el proyecto de enmienda hace fila en el Congreso de la Unión, porque gobierno y legisladores le dan prioridad a la presentación de las leyes reglamentarias en los temas energético y de telecomunicaciones.

La Ley de Juegos y Sorteos fue promulgada en el sexenio de Miguel Alemán y pondera la prohibición de las apuestas; consta de sólo 17 artículos, la mayoría de los cuales evidencian el desfase del ordenamiento jurídico.

Por ejemplo, prevé multas de entre 500 y 10 mil pesos para quien violente la regla, por lo que el factor de las sanciones es uno de los primeros en cambiar.

También se prevé consolidar mecanismos de supervisión para los permisionarios, al tiempo de depurar la lista actual, de poco más de 30 empresarios del sector.

Pese a las constantes versiones acerca de la renuncia de González, la funcionaria permanece en su despacho, en plena negociación con los diputados de la comisión especial del tema, con quienes se ha hecho el compromiso de presentar el documento en el Congreso hasta que haya un alto nivel de consenso.

El objetivo es sacar una norma que incluya más candados y más controles, indicaron fuentes de Gobernación, y un cambio general bajo la regulación de un organismo central.