El anteproyecto de legislación reglamentaria en telecomunicaciones es contrario a las disposiciones torales de la reciente reforma constitucional en la materia, y atenta contra la libertad de expresión y de información, expuso el senador panista Javier Corral.

No podrán transmitirse noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público, señala la propuesta de cambio al artículo 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. “Se trata, expuso, de una regresión brutal que devuelve a la Secretaría de Gobernación (SG) la facultad de censurar contenidos.

Asimismo, dijo, en el artículo 218, inciso octavo, se señala que corresponde a la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, la dignidad personal y la moral, y no ataquen los derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

A su juicio, se trata de un despropósito, ya que además se transfieren a Gobernación facultades que en el artículo sexto constitucional son exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), al que se debilita como órgano regulador.

“En las negociaciones que se dieron alrededor de la reforma constitucional, se decidió que la revisión de contenidos correspondiera al consejo consultivo del Ifetel, instancia ciudadana debidamente integrada para cumplir una función tan delicada, que no puede quedar en forma alguna en manos de la dependencia que tiene a su cargo la seguridad pública.

Ni en la Venezuela de Maduro

Recalcó que no es posible que una secretaría encargada de perseguir a los delincuentes vaya también a vigilar los contenidos de radio y televisión, y hasta censurar las noticias que se transmiten a través de los medios electrónicos. Ni siquiera en la Venezuela de Maduro, a quien se ha criticado por su relación con las televisoras, hay en la ley una disposición similar.

Señaló que hay otras medidas muy regresivas en temas de vigilancia de contenidos, ya que se da poder a Gobernación para que determine cuáles son los canales que dentro de las instituciones públicas se van a retransmitir.

O sea, va a decir cuáles son los canales multiprogramados que, por ejemplo, TV UNAM debe retransmitir en la televisión abierta.

Asimismo, dijo, hay disposiciones que son absolutamente contrarias a la protección de datos personales y se hace nugatorio el derecho a Internet.

El anteproyecto de legislación secundaria, que incluye dos nuevas leyes, la citada de telecomunicaciones y radiodifusión y la del sistema público de radiodifusión, además de modificaciones a diversos ordenamientos en la materia, es un documento conocido por las dirigencias de PRI, PAN y PRD que comenzó a circular desde hace una semana, y cuya autenticidad no ha sido desmentida por el gobierno federal.

Especialista en el tema, Corral consideró que la iniciativa que se presentará formalmente la próxima semana es una redición de la llamada Ley Televisa y significa la capitulación del presidente Enrique Peña Nieto ante las dos grandes televisoras.

Destacó que se trata de una propuesta llena de trampas para burlar las disposiciones constitucionales y beneficiar a las televisoras, con una preocupante concentración de funciones en la Secretaría de Gobernación, que será la responsable de administrar los tiempos del Estado.

Algo gravísimo que acabo de detectar es que en el anteproyecto desaparecen los tiempos fiscales y dejan sólo 30 minutos de tiempo de Estado. Explicó que el ex presidente Vicente Fox dejó la obligación fiscal en 35 minutos de radio y 18 de televisión –que eran de tres horas– pero ahora también eso se elimina.

Los tiempos de Estado, dijo, quedan exclusivamente en media hora, además de que son para uso exclusivo del Ejecutivo y no distribuidos equitativamente entre poderes y niveles de gobierno. Aunado a ello se otorga a los concesionarios la prerrogativa de participar en la fijación de las transmisiones.

Por lo que toca a la multiprogramación, es decir, a la autorización adicional de canales de televisión en el mismo espectro que se les concedió para el servicio de radiodifusión abierta, a partir de la convergencia tecnológica, las reglas de acceso son irrelevantes y permanece el modelo de asignación automática.

Con tales disposiciones de multiprogramación se da ventaja al duopolio frente a las dos nuevas cadenas que se van a crear, ya que Televisa podrá tener cinco por cada frecuencia. Así, en el Distrito Federal, donde la empresa de Emilio Azcárraga cuenta con seis frecuencias, significa que podrá contar con 30 canales.

Se beneficia también a las televisoras al posponer dos años –de 2015 a 2017– el apagón analógico y elevar a 90 por ciento el nivel de penetración digital, toda vez que mientras eso no ocurra podrán quedarse con los llamados canales espejo.

Según los artículos 248 y 249, Televisa y Tv Azteca incrementarán sus tiempos de publicidad hasta en 5 por ciento si cubren 20 por ciento de su programación con producción nacional independiente.

En contraparte, señala Corral, se prohíbe que los medios públicos tengan patrocinios y otros financiamientos y, de hecho, se les niega la posibilidad de comercialización establecida en la Constitución. Los canales de televisión y estaciones de radio de las universidades y otras instituciones de educación superior son marginados, al ubicarlos no como medios públicos, sino sociales.