l conjunto de reglas para la llamada Ronda Cero fueron establecidas en el artículo sexto transitorio de la reforma energética. Dichas reglas son desafortunadas por varias razones que mueven a reflexionar sobre la actitud del Estado para con su operador petrolero.

En primer lugar, porque establecieron un brevísimo plazo para que Pemex seleccionara y justificara las áreas que busca retener en materia exploratoria. El proceso de asignación podría ser concluido en tan sólo nueve meses, cuando en otros países tomó dos o tres años hacerlo. Este lapso no garantiza un proceso ordenado y pausado, con visión de largo plazo. Tampoco una transición sin sobresaltos, de un modelo centrado en un operador exclusivo de la Nación a otro en el que Pemex sería el operador dominante, pero no único del sector. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la que descansa el peso técnico de las asignaciones, difícilmente contará con los recursos para cumplir a cabalidad una operación de gran envergadura y para la cual no fue diseñada. Pemex mismo no habrá terminado de convertirse plenamente en empresa productiva del Estado. El apresuramiento no es justificable, sobre todo a la vista de los riesgos que se enfrentan.

Por otra parte, la reforma deja en manos de la Secretaría de Energía la última palabra sobre las áreas que conservará Petróleos Mexicanos. No se prevé ningún mecanismo, recurso o instancia; que pudiera utilizar o a la cual recurrir Pemex, en caso de inconformidad con la resolución de la Secretaría. Además, no existe un mandato explícito para que en la legislación secundaria se establezcan los objetivos, alcances y limitaciones del proceso de reasignación de áreas. No hay ninguna mención a la metodología que deberá utilizar Pemex para probar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva en sus diferentes asignaciones. Tampoco se aclara cómo será calculado el justo valor económico para efecto de la indemnización que recibiría Pemex por las inversiones ya realizadas en áreas que fueran revertidas al Estado.

En síntesis, se deja a Pemex en estado de indefensión frente a las decisiones de la Secretaría de Energía, cuyo juicio es inapelable. Es normal que la autoridad instruya y el operador ejecute. Sin embargo, al tratarse de una autoridad con funciones políticas, ésta toma sus decisiones en un contexto de posible conflicto de intereses, confrontación ideológica y divergencias en torno al significado del interés nacional; sobre todo si no se han analizado a detalle las implicaciones del desplazamiento de Pemex.

En el plano fiscal, no se trata sólo de abordar la cuestión presupuestal, sino también las condiciones que aseguren la reproductibilidad, continuidad y confiabilidad de los ingresos petroleros, en un marco de responsabilidad social. No hemos conocido aún previsiones alrededor de las implicaciones técnicas, económicas, sociales, ambientales y financieras; de la salida de Pemex de ciertos campos, zonas y regiones petroleras. Existen numerosos acuerdos, convenios y contratos con clientes, suministradores de fondos, proveedores de bienes y servicios; que no se pueden deshacer de la noche a la mañana.

La capacidad crediticia del Estado mexicano y el pago oportuno de la deuda pública pende del hilo del petróleo, el gas natural y los demás hidrocarburos que Pemex produce. El petróleo alimenta a gobiernos estatales y municipales, a programas sociales y de infraestructura. Ha sido muy difícil llegar a los acuerdos y equilibrios que hoy existen entre la Federación, los estados y municipios. A pesar de todo eso, se soslayan las capacidades, habilidades y resultados obtenidos por nuestra paraestatal en los últimos años; al punto de negarle la posibilidad de elegir a sus socios y someterla a un proceso decidido por la autoridad regulatoria.

Quitarle a Pemex las áreas de exploración donde ya disminuyó considerablemente el riesgo geológico, con la finalidad de entregarlas a compañías privadas, sería un error descomunal. Pemex debe seguir explorando y desarrollando, donde ya realizó cuantiosas inversiones en adquisición, tratamiento e interpretación de datos sísmicos, así como en perforación de pozos. Asignar el área a otros operadores sería equivalente a transferir parte de la renta petrolera. Así, por ejemplo, si Pemex ya descubrió petróleo en el área de Perdido, lo correcto es que tenga la oportunidad de desarrollar los yacimientos, ya sea solo o en alianza con socios de su elección. A México no le conviene que Pemex quede constreñido a trabajar en aguas someras y en los yacimientos del sureste. Esa idea de ponerle a Pemex una especie de corralito refleja una clara falta de voluntad para que se desarrolle y fortalezca en el futuro.

Lo que está en juego en la Ronda Cero es de máxima importancia para México, por lo que el resultado debe ser producto de una decisión de Estado y no sólo de gobierno. La legislación secundaria debe acotar la discrecionalidad, diluir los riesgos y brindar certidumbre sobre el apego del proceso al interés nacional. Se deberá explicar, con la mayor claridad y precisión, a la sociedad mexicana las razones que tuvieron los poderes públicos para quitarle ciertas áreas a Pemex y dejarle otras; así como las ventajas y desventajas de la decisión tomada. Es fundamental que impere la sensatez para que la Ronda Cero no sea un proceso cuya única finalidad sea quitarle áreas a Pemex para entregarlas al sector privado.

Más allá de prejuicios ideológicos, políticos, institucionales o hasta personales; el momento reclama la mayor altura de miras posible. Asumamos todos, plenamente, nuestra responsabilidad.