Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos exigieron la revisión del expediente que se abrió contra Nestora Salgado García, coordinadora de la policía comunitaria Olinalá Guerrero, quien fue detenida en agosto de 2013 por militares, marinos, policías estatales y municipales, y quien ha denunciado violaciones a sus derechos y haber sido obligada a firmar documentos para inculparse.

Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) plantearon que deben considerarse todas las pruebas de descargo en favor de Salgado García, que se asegure el respeto a sus derechos humanos y se le brinden todas las garantías jurídicas como imputada.

Los diputados señalaron que el movimiento de policía comunitaria de Olinalá surgió el 27 de octubre de 2012 con el propósito de frenar la delincuencia en Guerrero ante la inacción de las autoridades, y que la detención de Nestora Salgado ocurrió presuntamente en represalia, pues días antes policías comunitarios detuvieron a presuntos delincuentes vinculados con autoridades del ayuntamiento.

Recordaron que a partir de su detención, el 21 de agosto, fue trasladada a un penal de máxima seguridad, sometida a tratos crueles e inhumanos y limitada en su derecho a recibir visitas de su familia, además de que se ha obstaculizado su defensa legal.

Recordaron que Nestora Salgado también tiene la ciudadanía estadunidense, y aun así cuando fue detenida; las autoridades omitieron notificar al consulado la violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y diversos tratados internacionales, en particular la Convención de Viena.

Los diputados Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Elena Tapia, Loretta Ortiz Ahlf, Ricardo Mejía y Carlos de Jesús Alejandro expresaron su preocupación por una creciente tendencia a suprimir los sistemas de justicia comunitarios y a permitir la impunidad del crimen organizado y de los servidores públicos.

Señalaron que esto aumenta el clima de violencia, además de que los cargos exacerbados e inverosímiles contra defensores de derechos humanos y periodistas contrastan y son mucho más severos que los presentados contra quienes cometen secuestros, extorsiones y homicidios.