La aceptación formal del Estado mexicano de la mayoría de las recomendaciones que le dirigió el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), no garantiza que el gobierno vaya a poner en marcha acciones verdaderas para cumplir con dichos puntos, advirtieron colectivos de la sociedad civil.

Tras analizar la respuesta de las autoridades mexicanas, activistas de los mencionados organismos subrayaron en primer término que la admisión de 166 observaciones –de las 176 que le fueron enviadas– es relativa, pues muchos de esos puntos se aceptaron únicamente de manera parcial o fueron condicionados al cumplimiento de otros procesos internos.

En lo que se refiere a las ocho recomendaciones de las cuales el Estado únicamente ‘‘toma nota’’ –lo que en términos prácticos equivale a decir que las rechaza– hay cuatro en las que puede concluirse que el gobierno de México está manifestando una negativa frontal a cumplir, de acuerdo con los grupos consultados.

El punto relacionado con la eliminación total del arraigo fue descartado por las autoridades nacionales, con el argumento de que este recurso se está ordenando únicamente en casos excepcionales, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó en febrero de este año que sólo el Congreso de la Unión puede legislar sobre este tema.

Además, señalaron que el gobierno está promoviendo una reforma constitucional para que el arraigo sólo proceda en casos de delincuencia organizada, y que se busca reducir su plazo de 80 a 35 días de duración, en una propuesta que sigue pendiente de discusión en el Senado.

Sin embargo, nunca se dice que esta medida ni siquiera es eficaz en las investigaciones y más bien lo que produce son casos de tortura y pruebas ilícitas, además de que contamina los procesos penales y retrasa la profesionalización de la policía, explicó Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Otra recomendación descartada por México fue la relativa a aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada para recibir quejas individuales, alegando que las víctimas ya tienen acceso al Sistema Interamericano de Justicia. Aunque esa afirmación es cierta, el gobierno no menciona que dicho esquema es muy lento y que si las familias de los afectados tuvieran acceso a la ONU, podrían enfrentar en breve una buena cantidad de demandas ante ella, señaló Brewer.

Un punto más rechazado por el gobierno fue el de no quitarle la nacionalidad mexicana a los extranjeros naturalizados, si éstos se ausentan del país durante cinco años seguidos, con el argumento de que esta petición es incompatible con la Ley de Nacionalidad.

Al respecto, Lorena Cano, coordinadora del área legal de la organización de apoyo a los migrantes Sin Fronteras, consideró que al negarse a proteger a los naturalizados que por alguna razón deben salir de México por periodos prolongados, el gobierno está incurriendo en una violación al derecho a la identidad, pues si le retira la carta de naturalización a los afectados, se les deja en la apatridia, y por ende en el limbo jurídico.

La otra observación rechazada por México es la que envió el Vaticano para ‘‘preservar y proteger la institución natural de la familia’’ y el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pues no existe una norma internacional que defina las características únicas de la familia ni es legal la discriminación hacia ninguna persona.

Finalmente, Brewer consideró que aunque la atención en estos momentos se centra en qué recomendaciones no aceptó México y por qué, el tema de fondo es qué impacto van a tener las que sí fueron admitidas, ‘‘si van a quedar como compromisos en papel o se les dará seguimiento con acciones reales’’.