El gobierno federal considera que desde 2011 la delincuencia ha elevado los costos de producción de las empresas mexicanas hasta alcanzar unos 115.2 mil millones de pesos, equivalentes a 0.75 por ciento del producto interno bruto (PIB).

El aumento en los costos de operación es consecuencia directa de algún delito cometido por grupos criminales contra empresarios o negociaciones.

La Jornada tuvo acceso al proyecto del Programa Nacional de Seguridad Pública 2013-2018.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional permitieron conocer avances del documento, en el cual se estima que el costo adicional promedio que cada empresa asume por las acciones de la delincuencia es de más de 56 mil pesos anuales.

El proyecto gubernamental señala en el apartado sobre economía ilegal y delitos de mayor impacto a los sectores productivos una definición de lo que esto significa: los ilícitos que afectan a los sectores productivos y menoscaban la economía nacional y las finanzas públicas, así como los que vulneran normas fiscales, derechos de autor, de propiedad industrial, de comercio exterior y generan riesgos sanitarios e impactan el medio ambiente.

“La economía ilegal es un fenómeno que frena el desarrollo económico, ya que limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, impide la existencia del escenario propicio para la generación de negocios y disminuye la inversión.

“El comercio de los productos ilegales está estrechamente vinculado con la delincuencia organizada, pues ésta tiende a controlar los mercados donde opera.

“Los ilícitos vinculados con la economía ilegal impactan, entre otros, los siguientes rubros: la creación de empleos y el crecimiento del país, así como al desarrollo de sectores productivos que actúan en el marco de la legalidad, disminuyendo la participación de empresas formales en el mercado, y afectan la competitividad del país.

Asimismo, impactan la vida, la salud y la integridad física de las personas, cuando involucran la comercialización de productos que no cumplen con la regulación sanitaria y las normas oficiales mexicanas.

El proyecto del programa Nacional de Seguridad Pública 2013-2018 también menciona entre los delitos que afectan el patrimonio de las personas los robos a transeúnte, a casa habitación, a negocio y de vehículos, principalmente cometidos con violencia, los cuales aumentaron 27 por ciento de 2006 a 2012

El robo a negocio cometido con violencia ha mostrado un aumento significativo, de 102 por ciento, de 2006 a 2012.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, desde 2011 el gobierno detectó que 37 por ciento de los 3 millones 717 mil 291 unidades económicas registradas en el país fueron victimizadas.

“Sin embargo, las unidades económicas reportaron un total de 4 millones 324 mil 529 delitos ocurridos en ese año, lo que implica que dichas unidades sufrieron cerca de tres delitos en promedio cada una.

Se estima que la delincuencia impuso desde 2011 un costo adicional a las unidades económicas por un monto de alrededor de 115.2 mil millones de pesos, equivalente a 0.75 por ciento del PIB nacional, debido al incremento en los costos operativos o pérdidas directas como consecuencia de algún delito. El promedio de costo adicional por unidad económica es de más de 56 mil pesos, refiere el gobierno.