El derecho a la vida está gravemente amenazado en México, a causa de la violencia que genera el crimen organizado y la violación a los derechos humanos por parte del Ejército y la Marina en los operativos contra el narcotráfico, concluyó el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns.

En el proyecto de informe que entregó al gobierno federal sobre su visita oficial a México, del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, y turnado por la cancillería a la Cámara de Diputados para que ésta haga observaciones, expuso que este problema debería tener la máxima prioridad a escala nacional.

El documento resalta que si bien el gobierno ha emprendido una serie de iniciativas positivas en la protección de las garantías individuales, sigue produciéndose un número alarmante de violaciones del derecho a la vida de los grupos vulnerables.

Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, explicó que la Comisión de Relaciones Exteriores ya envió una respuesta, en la cual admite que en principio el proyecto de informe es preciso y menciona los temas relevantes para la protección al derecho a la vida que han sido objeto de diversas recomendaciones.

La respuesta también señala que el informe atiende aspectos fundamentales relacionados con justicia y derechos humanos en México, así como reformas que el Congreso ha emprendido para la protección de la vida y la seguridad de las personas.

El informe de Christof Heyns detalla que a partir de la guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, el despliegue del Ejército en las calles para combatirla derivó en “numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas, así como de los cárteles, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas... México sigue sufriendo niveles alarmantes de violencia. Se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable”.

El proyecto refiere que “en México se han consolidado cárteles poderosos y violentos que en algunos casos tienen un alcance que va mucho más allá de las fronteras del país y, según la información recibida, se han infiltrado en esferas del gobierno”.

También se incluye la cifra de 102 mil 696 homicidios intencionales en la guerra de Calderón, y el hecho de que el gobierno reconoce que no menos de 70 mil de esas muertes estaban relacionadas con el tráfico de drogas.

Agrega que aun cuando se aprecia un cambio en el discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a la política para atacar a la delincuencia organizada, es importante que esos esfuerzos se realicen con pleno apego y respeto a las normas internacionales de derechos humanos.

El relator especial, explica el texto, recibió amplia información de que los asesinatos y la impunidad de los homicidios siguen siendo moneda corriente en muchas regiones del país.

Un apartado especial, denominado Problemas derivados de la prolongada militarización, alerta que en cualquier país es bien sabido que a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar.

Esto es, explica, que por lo general la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras el enfoque de derechos humanos sólo contempla el uso de la fuerza en última instancia.