odos los involucrados en su construcción dicen que se hizo bien, pero es evidente que funciona mal. Aclarar lo que pasó en la línea 12 del Metro, que tiene suspendido el servicio en la mitad de sus estaciones, es un reto para el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Tras la investigación tendrán que conocerse los nombres de los responsables del desastre. Que otro fuese el desenlace, sería un punto grave contra quien se reivindica como integrante de la izquierda, y afrenta a la ciudadanía del Distrito Federal.

Es muy larga la cadena de casos en que por corruptelas, negligencia o incapacidad de los funcionarios públicos infinidad de obras o servicios son deficientes y su costo rebasa el originalmente anunciado. Las administraciones federales priístas y panistas han dejado imborrables huellas de su mal hacer, abundan las improntas de malos manejos presupuestales y enriquecimiento de servidores públicos que se sirvieron a sí mismos y desdeñaron los intereses de los ciudadanos.

Son tantos los casos de obras onerosas, fatalmente construidas y sin responsables que sean llevados a juicio por los daños ocasionados al interés público, que en poco tiempo se diluyen ante la más reciente trapacería descubierta en algún lugar del país. Por ejemplo, hoy ha quedado en la oscuridad el atraco perpetrado con la edificación de la Estela de Luz. Felipe Calderón se empeñó en levantar ese adefesio, según él para dejar un monumento que celebrara el bicentenario de la Independencia de México. Ni siquiera con tal propósito cumplió, porque en lugar de inaugurarlo el 15 de septiembre de 2010, debido a constantes retrasos, la ceremonia de apertura debió efectuarse el 7 de enero de 2012.

En un informe, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que todo el proceso estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción, que generaron un quebranto de casi 400 millones de pesos. De forma inexplicable se elevó el costo de la obra de 393 millones de pesos a mil 312 millones (Estela de Luz la corrupción en cadena, La Jornada, noticia de Karina Avilés, Roberto Garduño y Enrique Méndez, 21/2/13). ¿Y los responsables del timo al erario? Muy cómodos en la protección que les otorga la impunidad.

En semanas recientes ha salido a la luz pública el caso Oceanografía, en el cual están involucradas como tapaderas de la corrupción los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Allí, desde que llegó Fox al poder, hubo tráfico de influencias, trinquetes bancarios, licitaciones dudosas, engaños a los trabajadores, incumplimiento de obras, declaraciones fiscales fraudulentas y un demencial enriquecimiento de los beneficiarios de todo el entramado. La dinámica de corrupción siguió con Calderón. Algunos datos apuntan a que su malogrado delfín, Camilo Mouriño, estuvo muy involucrado en el vertiginoso crecimiento en las adjudicaciones que para Oceanografía obtuvo su accionista mayoritario, Amado Yáñez. Hace 10 días la Procuraduría General de la República giró una orden de localización y presentación contra Yáñez. ¿Se irá más lejos? ¿Acaso alcanzará la investigación a las redes de poder que con tanta celeridad catapultaron a Oceanografía y le hicieron ganar miles de millones de pesos?

En este contexto de impunidades surge el problema del mal funcionamiento de la línea 12 del Metro. Por su dimensión y la forma en que está afectando a la ciudadanía, es un caso escandaloso. No han faltado quienes para aminorar el daño comparan el monto del mal uso del presupuesto público en la línea 12 con el de Oceanografía. El del Metro es mucho menor al de la empresa que prestaba servicios a Pemex. Aunque los montos importan, y entre uno y otro hay una gran distancia, me parece un error tratar de justificar que aunque se ha dañado a miles de capitalinos usuarios del transporte público de todas maneras el quebranto no es comparable con el de Oceanografía.

El de la línea 12 es un dolor de cabeza para Miguel Mancera, un obstáculo que le está demandando tiempo y energía para tratar de explicar a la opinión pública lo sucedido para que en apenas 18 meses de funcionamiento la línea dorada alcanzara tales niveles de deterioro. También es una oportunidad para transparentar la investigación que está en curso. Un gobernante que se reivindica de izquierda tiene el deber moral de mostrarse diferente a quienes han usado el poder para encubrir a los responsables de haber defraudado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas.

Antes que los intereses y expectativas políticas de diferente signo que puedan tener Miguel Ángel Mancera y su antecesor en el cargo, Marcelo Ebrard, está clarificar de forma contundente dónde, cómo y cuándo falló el funcionamiento de la línea 12 como para decidir cerrar 11 de sus estaciones. Una vez aclarado fehacientemente el asunto deberán tener repercusiones legales los responsables del engaño. No puede ser de otra forma, porque es la exigencia de una ciudadanía cansada, literalmente harta, de las fechorías perpetradas que le pasan a destrozar la vida cotidiana.

Existen intereses en usar el caso para el golpeteo político entre las distintas facciones de la izquierda partidista. Habrá quienes busquen el control de daños, disminuyendo las dimensiones del problema al tiempo que administran los tiempos políticos en su beneficio. Evitar que esto suceda es el papel de una ciudadanía vigilante. El de la línea 12 es un caso prueba; ¿dejará constancia Miguel Ángel Mancera de que en la ciudad de México las obras públicas fraudulentas ya no quedarán en la impunidad?