¿Podemos decir hoy que Andrés Manuel López Obrador rebasó los topes de campaña? Realmente no, contablemente sí. ¿Podemos decir que Enrique Peña Nieto no violó esos topes y que 200 candidatos a diputados de la coalición que lo postuló sí los violaron? Realmente no, contablemente sí. La verdad contable en las elecciones no necesariamente coincide con la realidad, asegura el consejero electoral Lorenzo Córdova.

Los últimos comicios que el IFE organizó en su historia de 23 años derivaron en una nueva reforma que, entre otros aspectos, determinó el fin de la era del instituto. Esta vez el ciclo de elecciones-reforma fue más allá, hasta generar uno de los cambios más radicales a escala de organización de los comicios, lo que ha despertado dudas y objeciones entre los especialistas.

El uso de dinero como eje del acceso al poder, las denuncias de compra y coacción del voto y un cuestionamiento a la fiscalización del IFE concentraron las críticas opositoras y sus demandas de cambios en la nueva legislación. Los comicios presidenciales volvieron a colocar a la izquierda abiertamente confrontada con el instituto, ahora no por los votos computados, sino por los pesos presuntamente mal contados.

“El modelo de fiscalización –reconoce Córdova– hizo agua. No el desempeño de la Unidad de Fiscalización, sino las normas sobre las que se rigió el proceso”.

Es claro que se definieron criterios no igualitarios para aspirantes que postulaban por el mismo cargo (la Presidencia, advierte el ex consejero Alfredo Figueroa en referencia a los esquemas aplicados al prorrateo de gastos, y reconoce que la fiscalización es de los grandes desafíos de la democracia mexicana. Evidenció además que la violación a los topes de gastos no estaba asociada a una consecuencia para el candidato, lo que ahora se pretende corregir al incorporarlo como causal de nulidad.

Del saldo de los comicios de 2012, agrega Córdova, quedaba claro que no se podía ir a otra elección con este modelo, sea mediante la reforma legal o a través de cambios a nivel reglamentario. En particular, el rubro del prorrateo, pues la libertad que confería a los partidos para asignar libremente la mitad de los gastos reventó el modelo.

Asociadas al ejercicio excesivo de dinero –por el cual la coalición de izquierda presentó un recurso legal–, la compra y coacción de votos también derivaron en otro cambio de fondo: la elaboración de una nueva ley de delitos electorales. Los casos Monex y Soriana, en la óptica de la izquierda, fueron parte del corazón del entramado dinero-compra de votos, que no fue sancionado.

Es un asunto que va más allá de lo electoral, asegura Figueroa. Es evidente que está vinculado a la conformación de toda una estructura clientelar tejida desde los gobiernos de todos los signos partidistas. No es un asunto sólo de la autoridad electoral, sino que tiene que ver también con un déficit en el funcionamiento de las contralorías y de los órganos de fiscalización.