La crisis registrada en 1994, que puso en jaque la transición de poderes en el país, arrojó una de las reformas más ambiciosas en cuanto a los comicios. Un cambio fundacional: la plena autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE), la cual implicó una histórica salida del gobierno del control electoral, pero bajo una segunda condicionante, modificaciones en el financiamiento a los partidos, que ahora tendrían millonarios recursos, pero que nos les parecieron suficientes para disputar el poder.

La llegada de un ex militante de izquierda a la presidencia del organismo, José Woldenberg, coincidió con una larga batalla interna por erradicar de la estructura del IFE a enclaves operativos priístas. La autonomía del instituto juega un rol definitivo en la transición del país, sostiene el ex consejero Mauricio Merino.

Quizá esa haya sido la decisión más importante en la historia electoral, porque ello posibilitaría la alternancia en el poder. Hubo una clave para lograrlo: la clase política tenía la mirada puesta en cómo sacar al país de la crisis que le significó 1994. Lamentablemente, después de 2003 pensaron más en sus partidos.

Blanco central de los embates priístas, reticentes aún al cambio, Jesús Cantú, entonces responsable de la Comisión de Organización Electoral, señaló: había una apuesta oficial por la simulación. Una autonomía relativa con los consejeros, pero con el control de la estructura del PRI. La designación de Felipe Solís Acero como principal responsable ejecutivo se tornó en una larga batalla por la autonomía real y la consolidación institucional.

Y cita: había casos extremos inadmisibles. El vocal de Quintana Roo había sido el coordinador de asesores del gobernador Mario Villanueva.

Conquistar la autonomía, dice el ex consejero Jaime Cárdenas Gracia, implicó prácticamente efectuar una purga de operadores priístas, antes y después de nuestra toma de posesión, lo que implicó enfrentar la resistencia del sistema, en especial los gobernadores.

Coincidencia de visiones: fue mucho más complejo organizar las elecciones intermedias que los comicios de 2000, cuando el PRI perdió el poder. “La presencia de Solís Acero fue un foco de tensión –dice Cárdenas Gracia–, porque creo que había un acuerdo tácito de otorgar la presidencia a Woldenberg, a condición de preservarles la cabeza del área ejecutiva”.

No fue nada fácil sacarlo, dice Cantú. Había sido el responsable de Organización Electoral desde la fundación y en su momento fue defendido por Woldenberg, lo que generó fuertes tensiones.

Fue un periodo muy conflictivo en el IFE. Cada paso hacia la consolidación de la autonomía del instituto representaba un paso atrás para Solís Acero, asegura Merino.

Las reticencias priístas registraron un cambio sustancial rumbo a la elección presidencial. Realmente hubo una colaboración importante en muchos temas, recuerda Cárdenas Gracia, quien alude a los encuentros con el entonces secretario de Gobernación Diódoro Carrasco para destrabar puntos nodales, lo que favoreció, hasta lo que se sabía entonces, una elección y una transición sin objeciones centrales.

El PRI “estaba seguro de que iba a ganar –señala Cantú–, y su preocupación era que no reventara la elección. Nosotros planteamos que era también nuestro interés. Por eso operamos acciones para amarrarnos las manos a todos”.

Prácticamente sin objeciones ni litigio legal se consolidó una transición tras 70 años de un partido hegemónico. El sexenio de Ernesto Zedillo, que arrancó con una reforma profunda al IFE, culminaba con el PRI entregando el poder.

La visión de los tres consejeros coincide con una razonable colaboración gubernamental en esta última fase.

Tiempo después estallarían los escándalos financieros del Pemexgate y Amigos de Fox, que llevarían al instituto a una nueva prueba de su autonomía: imponer sanciones zZde mil millones de pesos al PRI y de más de 500 millones a la coalición PAN-PVEM, en medio de un tortuoso litigio del instituto con el gobierno en este último caso.

Hubo colaboración plena en el caso del Pemexgate, dice Cárdenas Gracia. El PRI estaba derrotado y el grueso de la investigación provenía de la Procuraduría General de la República. En Amigos de Fox, subraya Merino, fue una batalla legal. Estábamos investigando al presidente en funciones, ni más ni menos.

El saldo de esta confrontación IFE-partidos: un cambio radical en la designación de los consejeros, que acentuó las cuotas partidistas como un esquema para acotar los márgenes de operación del instituto.