El dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados referente al seguro de desempleo propiciará que de tajo disminuyan mensualmente los montos de ahorro de los trabajadores ante al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un monto global cercano a mil millones de pesos mensuales, ya que se les quitaría 3 por ciento de los recursos de sus fondos de vivienda para el nuevo seguro.

Además, para la mayoría de los trabajadores se postergaría varios años la posibilidad de tener acceso a un crédito; incluso para amplios sectores este derecho quedaría anulado, porque muy difícilmente podrían acumular el saldo suficiente para ejercer estos préstamos. Además, para quienes pudieran obtener créditos de vivienda se alargará el número de años para poderlos pagar.

De esta forma, en la práctica se les quitaría su derecho a vivienda social y a un fondo de ahorro para el retiro digno, según análisis de expertos en materia de derecho laboral, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana de Puebla y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.

Posible aprobación fast track

El seguro de desempleo que se propone –que incluso podría aprobarse apresuradamente en el pleno el próximo martes– legalizaría la transferencia a manos de las Afore de más de 12 mil millones de pesos anuales de los fondos de los trabajadores, recursos adicionales a los que ya operan estas empresas por las cuentas de ahorro, según estimaron.

En un análisis sobre esta propuesta, el Observatorio del Salario de la Ibero de Puebla señala que es grave que dicho seguro se financie con recursos de los propios trabajadores a costa de sus ahorros y que se ponga en riesgo su retiro. En sentido estricto, señala, se amplía el nivel de riesgo de los trabajadores formales a costa de un depauperado futuro; va, por tanto, en contra del nivel de vida de la clase trabajadora, de sus perspectivas y de su futuro.

Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos remarcó que la propuesta de seguro de desempleo contraviene la ley del Infonavit, que señala que el 5 por ciento que actualmente se aporta para vivienda es propiedad inalienable de los trabajadores; reduce en 60 por ciento los recursos a este instituto, tiende a desaparecer la vivienda social y da otro negocio a las Afore.

La propuesta ha provocado que sindicatos como el de Trabajadores de la UNAM y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores mandaran una ‘‘carta urgente’’ a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la que manifiestan su desacuerdo con que ‘‘los trabajadores que sufran la pérdida de su trabajo y se vean en la necesidad de acogerse al seguro de desempleo terminen utilizando obligatoriamente y al margen de su voluntad sus propios recursos originalmente destinados para la adquisición de vivienda.

‘‘Resulta preocupante que en los términos en que está planteado el seguro terminaría al final de cuentas beneficiando a las Afore’’, indican en la misiva, y agregan que esto provocará la reducción de los recursos del Infonavit, limitando la acción de los institutos de vivienda y propiciando de esta manera una mayor ganancia para los dueños de las Afore.

Los sindicatos alertan de que se reducirá la capacidad del Infonavit para financiar créditos y se traslada esta posibilidad a la banca comercial, lo que contraviene un derecho constitucional. Además, un punto muy grave es que para los trabajadores se alargarán más años los pagos de los créditos de vivienda.

En la carta llaman a que que ‘‘se evite la aprobación del dictamen en materia de seguro de desempleo en los términos planteados y se inicie un debate amplio para construir una alternativa distinta, consultada y consensuada’’.

A su vez, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical indicó que con este esquema los grupos financieros propietarios de las Afore manejarán a su antojo los recursos del ‘‘seguro de desempleo’’, calculados en más de 12 mil millones de pesos al año, es decir, un promedio de mil millones mensuales que les serían transferidos en lugar de ir a las subcuentas de vivienda.