Desde que tomó la decisión de formar hace más de 10 años un colectivo en apoyo a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a los niños con alguna discapacidad física o mental, Gabriela Sánchez López ha visto peligrar su vida en al menos siete ocasiones, la más reciente, el 3 de marzo de este año.

Aunque autoridades del estado de México le otorgaron medidas de protección a la activista, en semanas recientes le avisaron que dichos cuidados se van a limitar únicamente a su domicilio, lo que pone en riesgo la vida de la mujer y limita su campo de acción para trabajar.

La idea de crear la asociación civil Madres Afortunadas hace 11 años, surgió para Gabriela como una necesidad de ayudar, en primer lugar a su hija, quien tiene discapacidad visual y mental y a los 13 años fue víctima de abuso sexual.

Aunque el agresor sí fue encarcelado, sólo recibió una sentencia de tres años y un mes de prisión, luego de que el juez encargado del caso aceptó reclasificar el delito como estupro, lo cual significó una violación a los derechos de la menor, como reconoció después la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco.

A raíz de esa experiencia, relata Sánchez en entrevista con La Jornada, me enfoqué en la atención de madres que sufren violencia intrafamiliar, algunas en extrema pobreza, y de niños discapacitados, dándoles un lugar para vivir y acompañamiento.

Cuando sus actividades de defensa de mujeres y niños empezaron a hacer ruido la activista sufrió la primera agresión. Fue el 5 de marzo de 2011; un grupo de hombres trató de secuestrarla mientras caminaba por el mercado de San Juan de Dios, en Guadalajara, lo cual fue impedido por la gente.

Pese al riesgo la activista, las autoridades le anunciaron que las medidas cautelares se van a restringirse únicamente a su casa.

Se me hizo tan absurdo. Ahora tengo que estar como prisionera en un refugio. Pero quiero decirle a las autoridades que cada golpe que me dan me hace más fuerte. No me van a poder tumbar, enfatizó.