l Ministerio de Agricultura de Francia dio a conocer un decreto que prohíbe la comercialización, utilización y cultivo de maíz genéticamente modificado MON 810, variedad producida por la trasnacional estadunidense Monsanto. Según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 (...) presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como un riesgo de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes, señaló el gobierno francés ayer en un comunicado.

La determinación adoptada por el Elíseo se inscribe en el contexto de la agonía que viven ese tipo de cultivos en el viejo continente, a pesar del decidido impulso que han recibido por parte de la burocracia de la Unión Europea, y por los cabilderos de trasnacionales como Syngenta, DuPont-Pioneer y la propia Monsanto, empresas que controlan casi la totalidad del mercado de esos productos.

Actualmente una decena de países europeos han prohibido la producción de maíz transgénico en sus territorios, en medio de múltiples protestas realizadas por productores agrícolas y organizaciones ambientalistas en contra de esos cultivos. Por añadidura, en febrero pasado la mayoría de las naciones de la Unión Europea votaron en contra del plan de la Comisión Europea para permitir el cultivo de un nuevo maíz transgénico, conocido como 1507, perteneciente a la firma agroquímica estadunidense DuPont-Pioneer; mientras tanto, el rechazo de la población del viejo continente hacia ese tipo de cultivos asciende en la actualidad a 61 por ciento. No es gratuito que, en ese contexto de rechazo generalizado que ha permeado desde la base social hasta los gobernantes, Monsanto haya decidido cesar sus intentos por ampliar la producción de plantas modificadas genéticamente en el mercado europeo y haya dirigido su ofensiva hacia otros territorios, como África y América Latina.

Es inevitable contrastar la actitud que han adoptado la mayoría de los gobiernos europeos con la de las autoridades mexicanas, que en años recientes han allanado el camino para la propagación de esos cultivos, a pesar del rechazo que ello ha generado entre productores agrícolas nacionales y entre comunidades autóctonas. Significativamente, esta misma semana el juzgado segundo de distrito con sede en Campeche otorgó un amparo a dos comunidades mayas del municipio de Holpechén, ubicado en esa entidad, contra el permiso que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada.

En contraste con lo que ocurre en Europa, donde la mayoría de los gobiernos nacionales se conducen con un principio de prudencia ante la evidencia científica de riesgos y afectaciones que tienen los transgénicos en la salud y la biodiversidad, sus contrapartes mexicanas han incurrido en una actitud omisa y poco responsable, que no sólo amenaza la seguridad alimentaria y pone en riesgo la salud de la población, atenta también contra garantías básicas de las comunidades originarias –como el derecho a ser consultadas sobre operaciones de particulares que afecten sus territorios– y las deja libradas a su suerte en batallas jurídicas en contra de las poderosas trasnacionales.

En suma, es de saludar el hecho de que las naciones europeas avancen un consenso sobre el riesgo que implican los transgénicos y sobre la necesidad de frenar su producción mientras que no quede plenamente demostrada su inocuidad y su viabilidad ambiental. Pero es lamentable que en México no ocurra otro tanto.