El combate a la corrupción en el sector público mexicano está sustentado en mecanismos endebles e ineficientes, como muestran las estadísticas relativas a servidores públicos consignados y bajo cobro de multas, pese a la comprobación de delitos cometidos por funcionarios.

En el primer caso, de 5 mil 119 probables responsables de irregularidades en su desempeño en el último tramo del sexenio foxista y la administración de Felipe Calderón (2006-2012), sólo fueron consignados 24.

En cuanto a los daños patrimoniales, de 1991 a 2012 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sólo ha podido cobrar 159 millones de pesos, es decir, 0.22 por ciento de un total general de 71 mil 730 millones.

En 2010 el porcentaje era de 0.15 por ciento, según datos recabados a partir de solicitudes de información pública.

Las denuncias e indagatorias por posibles casos de corrupción y quebrantos en perjuicio del sector público se integran a partir del trabajo de los especialistas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), principalmente.

Derivado de una solicitud de información (folio 0610100089311) se puede observar un aumento en las cuentas por cobrar, producto de pliegos administrativos, sanciones económicas y multas administrativas que generaron –de 1991 a 2012– un gran total de 71 mil 730 millones 487 mil 141 pesos.

De esa cantidad, la mayor parte de los créditos (indagatorias) fueron generados por la SFP (23 mil 323) y el resto (535) por la ASF.

Según el reporte del SAT, al cierre de 2012, del total de 23 mil 858 créditos, 9 mil 507, equivalentes a 33 mil 579 millones de pesos, permanecían como activos; 10 mil 989 (con un importe de 37 mil 991 millones) fueron dados de baja (por incobrables), y sólo 3 mil 362, relacionados a 159 millones de pesos, habían podido ser recuperados.

Actualmente, el SAT y otras instancias federales indagan un presunto caso de corrupción y desfalco en perjuicio de Petróleos Mexicanos provocado por la empresa Oceanografía, aunque –mientras no se aprueben otras instancias, como la comisión nacional anticorrupción– será evaluado y procesado bajo el esquema con base en el cual sólo se ha podido cobrar menos de uno por ciento de las multas y permanece un bajo nivel en cuanto a consignados; este último trabajo es responsabilidad de la Procuraduría General de la República.

Algunas de las multas más comunes, impuestas por la SFP, se relacionan con negligencia administrativa, violaciones a las leyes y normatividad presupuestal, así como transgresión de los procedimientos de contratación, entre otras.