Ante la preocupación que generan las presiones y amenazas que enfrentan los jueces de Iberoamérica por parte de la delincuencia trasnacional, el ministro Juan Silva Meza, en nombre del Consejo de la Judicatura Federal, propuso un protocolo que garantice la seguridad e independencia de los impartidores de justicia.

El órgano del Poder Judicial de la Federación informó que, en coordinación con representantes de 10 poderes judiciales de Iberoamérica, se establecieron las líneas generales para que cada país pueda concretar, de acuerdo con sus normas internas, las mejores condiciones de seguridad, libertad e independencia que garanticen una impartición de justicia libre de cualquier presión y amenaza.

“El protocolo constituye una respuesta a la preocupación regional derivada de las amenazas, extorsiones y aniquilamiento que grupos delictivos han perpetrado contra los representantes de los poderes judiciales de Iberoamérica.

Un elemento a contrarrestar es el fenómeno del crimen organizado que, con el pertrecho de la ganancia ilícita ha logrado tener la capacidad de desafiar a los estados y sus representantes (...) lo que hace necesario mejores esquemas y más efectivas medidas de seguridad y ­protección.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, Silva Meza expuso ante sus homólogos que hoy por hoy, los juzgadores, sus familias, el personal administrativo y de apoyo que coadyuva a la impartición de justicia, están sometidos a situaciones de riesgo permanentes por la capacidad de desafío del crimen organizado.

En los trabajos para formar este protocolo los impartidores de justicia consideraron que no se pueden desvincular los temas de seguridad, independencia judicial y que ésta no se puede lograr sólo con programas de protección física, sino que se requiere de medidas, tales como blindar las garantías judiciales mediante el fortalecimiento de la carrera judicial; procurar mediadas legislativas y administrativas a fin de dar seguridad económica, jurídica y social.