Colima, Col., 14 de marzo.

Unos cien agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la procuraduría del estado desalojaron a pobladores de Zacualpan, municipio de Comala, que la mañana del jueves se apoderaron de los manantiales y equipos de bombeo que abastecen de agua a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez.

Con una tanqueta, toletes y escudos los policías retiraron a los indígenas que controlaban el equipo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov). Dos niños y varias mujeres resultaron con lesiones leves. Varios elementos de la PEP se quedaron a vigilar el equipo de bombeo, que se restableció el viernes por la mañana.

A las 6 de la madrugada del jueves, indígenas de Zacualpan tomaron el control de las válvulas del Ciapacov para demandar al Registro Agrario Nacional (RAN) reconocer la asamblea del pasado 23 de febrero, en la que los comuneros destituyeron al entonces presidente del comisariado de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusan de estar relacionado con empresarios que pretenden instalar y operar una mina en esa comunidad.

En esa asamblea, dijeron, se declaró territorio libre de minería a Zacualpan y se eligió a Epifania Zamora Teodoro nueva presidenta del comisariado, por lo que entre sus demandas se encuentran que el RAN la reconozca.

De instalarse la mina, alegaron, contaminaría el manantial de Zacualpan y dejaría sin agua a más de 300 mil habitantes del estado.

A pesar de que Ciapacov puso a funcionar equipo de emergencia, unos cien mil habitantes se quedaron sin agua potable a partir de las 13 horas del mismo jueves.

Los manifestantes pedían la presencia del gobernador Mario Anguiano, quien envió al secretario de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, para negociar la liberación del equipo, pero el desalojo ocurrió alrededor de las 19 horas, mientras se negociaba. Más tarde, Rueda Sánchez recibió a una comitiva de habitantes de Zacualpan en el palacio de gobierno, quienes se comprometieron a no tomar de nueva cuenta las instalaciones de Ciapacov; que las personas que aún se mantenían en las inmediaciones se retirarían a sus casas y se privilegiaría el diálogo.

Por parte del gobierno, Rueda Sánchez asumió la tarea de analizar con los responsables de la seguridad en la entidad la disminución de la presencia policial en la zona de Zacualpan y que en el lugar del conflicto hubiera pocos policías para salvaguardar las instalaciones de Ciapacov.

Los habitantes de Zacualpan advirtieron que realizarán un plantón permanente fuera del palacio de gobierno si no se atienden sus demandas.

Gabriel Martínez, representante de la organización ecologista Bios Iguana, sostuvo que entre los requisitos que impone el RAN para reconocer a la nueva directiva está el listado de la votación. Es una cortina de humo para ganar tiempo y que la Comisión Nacional Forestal otorgue un apoyo de 3 millones de pesos al anterior presidente del comisariado, Carlos Guzmán Teodoro, explicó.

Asimismo, el RAN pide las actas de asamblea anteriores, sin embargo no las tiene la comunidad porque Carlos Guzmán los posee para registrarlas ante la delegación de la Procuraduría Agraria. Son actos deliberados para buscar pretextos, señaló.