Como parte de la reforma al sistema sanitario, la Secretaría de Salud (Ssa) y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) analizan la creación de una procuraduría de la salud, informó la titular de la Ssa, Mercedes Juan López.

Dicho organismo, dijo, tendría como objetivo realizar un seguimiento a los derechos de los usuarios, así como vigilar y evaluar que esas garantías se cumplan. Se buscará que la propuesta tenga sustento en la Constitución; se basa en experiencias de otros países y responde a la necesidad de que haya un sistema de salud universal eficiente, precisó.

En el sexto seminario Retos del sector salud frente a la univerzalización de los sistemas de salud, realizado en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mercedes Juan detalló que dicha procuraduría sería una instancia de evaluación y de seguimiento a la atención que se da al usuario. La idea es que vigile y evalúe que todas las intervenciones explícitas que están, por ejemplo, en el Seguro Popular, los insumos, la atención que se requiere y los tiempos sean los adecuados.

Se refirió por ejemplo a la problemática existente en los tiempos en que se da la atención médica y el hecho de que muchas veces se difiere la atención por la demanda tan importante que tienen las instancias de salud. Dijo que el nuevo organismo podría ayudar a incidir en que esas circunstancias cambien, pero aclaró que no sería un espacio para quejas de los pacientes, pues dijo que para ello está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que atiende los reclamos por prácticas no adecuadas.

Por su parte, José Antonio González Anaya, director del IMSS, comentó que la función de la procuraduría sería homogeneizar y asegurar la calidad y calidez de los servicios.

En su ponencia, el ministro José Ramón Cossío Díaz recordó que en el artículo 4 de la Carta Magna se señala el derecho a la protección de la salud; dijo que esa garantía no solo debe ser retórica constitucional, sino que debe traducirse en acciones concretas que deriven efectivamente en la protección de la salud.

Luis Calderón, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, dijo que en México el gasto total en salud representa 6.2 por ciento del PIB, en comparación con el promedio global de 9.1 de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que se traduce en que nuestro país está 35 por ciento por debajo del promedio mundial y 17 por ciento por debajo del de Latinoamérica.

Señaló que la aportación pública al total en salud es de 47 por ciento, lo que representa 58 por ciento por debajo del promedio de la OCDE y 36 por ciento por debajo del promedio de Latinoamérica, aunado a que comparado con otros países, 58 por ciento del gasto total en el sector es privado, y de éste más de 90 por ciento es gasto de bolsillo.