Pese a las evidencias de que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el encarcelamiento injusto de las ñañús Jacinta Francisco, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –acusadas del secuestro de seis agentes policiacos–, la dependencia aún pone obstáculos legales para evitar el cumplimiento de la reparación del daño que les causó, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Ejemplo de lo anterior, señaló el colectivo, es que Alberta Alcántara y Teresa González debieron presentar un recurso de revisión adhesiva –admitido ayer por el Poder Judicial de la Federación– mediante el cual se responde al intento de la PGR de impugnar el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitido el 20 de noviembre del año pasado.

Dicha sentencia obliga a la procuraduría a indemnizar a las agraviadas y a disculparse públicamente con ellas por haberlas acusado de manera injusta del secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, en agosto de 2006, lo cual ocasionó que pasaran cuatro años en prisión.

El recurso presentado por ambas indígenas –con asesoría del Centro Prodh– busca fortalecer los argumentos expresados desde 2011 contra el daño patrimonial del Estado, y será resuelto por los tribunales décimo primero y décimo sexto en materia administrativa del primer circuito, explicó la organización.

Por otra parte, el 6 de marzo de 2014 el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito desechó por improcedente un recurso de revisión presentado por la PGR contra una sentencia del TFJFA en el caso de Jacinta Francisco Marcial, cuyo objetivo era retrasar la discusión del tema en ese organismo judicial.

Al no prosperar ese intento, aseveró el Prodh, el tema podría resolverse en las próximas semanas con otra sentencia que obligue a la dependencia dirigida por Jesús Murillo Karam a otorgar a la indígena una justa reparación del daño.

Con estas acciones, queda evidenciado el proceder dilatorio de esta dependencia federal, contrario a las recientes declaraciones oficiales de compromiso con las mujeres indígenas y los derechos humanos, manifestó la organización, que hizo un llamado a las autoridades a demostrar su interés en el tema en los hechos y de manera cotidiana, y no sólo en los discursos.