l cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo-Metro (STC) perjudica a cientos de miles de capitalinos y provoca una entendible exasperación social ante la evidente insuficiencia de las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) puestas a operar en esa ruta para paliar el problema.

La inconformidad se acentúa porque en diciembre pasado el Gobierno del Distrito Federal (GDF), con base en un sondeo de opinión poco verosímil y justificándose en una propaganda poco clara, incrementó en 66 por ciento el costo del boleto del Metro con la promesa de que, a cambio, los usuarios dispondrían en breve de un servicio más eficiente, más seguro y más cómodo.

También contribuye al descontento el hecho de que, hasta ahora, las autoridades capitalinas no han brindado explicaciones suficientes ni convincentes sobre las fallas que han hecho necesarias las tareas de mantenimiento mayor en una obra que tiene año y medio de inaugurada, que rebasó en cerca de 50 por ciento el costo originalmente anunciado y que fue presentada por la administración anterior, encabezada por Marcelo Ebrard, como una de las más importantes –si no es que la más importante– de su sexenio.

Las autoridades capitalinas se han limitado a anunciar la realización de peritajes y a advertir sobre presuntas responsabilidades por parte de las empresas constructoras ICA, Carso y Alstom, agrupadas en el Consorcio Consultor. Éstas, por su parte, afirman que los problemas en la Línea 12 se deben a una incompatibilidad entre la obra en sí y los trenes, cuya fabricación fue encargada a otro proveedor.

Ebrard, por su parte, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que defendió la normatividad de la obra, negó toda responsabilidad de su administración en los defectos de ésta y remitió a la certificación internacional que habría avalado la funcionalidad de la Línea 12. Fue una autoexculpación en toda la regla.

El hecho es que, tras la ondulación en vías, seis trenes dañados y la existencia de un riesgo evidente para la seguridad de los pasajeros, las propias autoridades han debido suspender el servicio en más de la mitad de la nueva línea, suspensión que se extenderá durante meses. Ello genera un nuevo impacto negativo en el tránsito, la movilidad y la vida cotidiana del oriente de la ciudad y una parte del estado de México, después de que la obra misma conllevara, durante años, toda suerte de incomodidades y contratiempos para los habitantes de las zonas aledañas y para quienes transitaban por calles que permanecieron cerradas por los trabajos, los cuales tuvieron un costo final de 26 mil millones de pesos. Todo ello, con el antecedente del ya referido incremento a la tarifa del Metro, con la promesa de un servicio mejor, más seguro y cómodo, en el contexto de una transición que se supondría tersa entre la administración capitalina anterior y la presente.

Es claro que las autoridades actuales del Distrito Federal se encuentran ante la obligación de esclarecer en forma precisa, convincente y rápida las razones del fracaso de esa obra de costo multimillonario y en torno a la cual se alentó tanta expectativa social, de determinar las responsabilidades administrativas o penales que originaron el fiasco y de empeñarse en reanudar el servicio –y la normalidad cotidiana– en el plazo más breve posible.