La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hará un reclamo de poco menos de 7 mil millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal por el desvío de recursos federales para la construcción de la Línea 12 del Metro, con base en una nueva auditoría que se realiza.

Fuentes de la dependencia federal explicaron que en unos días más se dará a conocer el resultado de esta auditoría que se aplicó a la llamada Línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC), donde las primeras observaciones señalan que hubo recursos federales que se utilizaron para obras no consideradas en el convenio signado.

Según las cifras dadas a conocer, fueron 7 mil 500 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 6 mil 62 millones de pesos derivados de los intereses generados del Fideicomiso para Infraestructura en los Estados (FIES), Fondo Metropolitano, del Convenio de Reasignación de Recursos y de deuda, dineros que deberá acreditar el gobierno de la ciudad de México o en su caso devolver a la Federación.

Las fuentes consultadas aseguran que esta semana o a más tardar a principios de la que viene se darán a conocer los resultados de la investigación y se podrá decir con certeza a cuánto asciende el monto que la administración que encabeza Miguel Ángel Mancera tendrá que regresar, sí es que no se puede justificar el gasto que realizó el Gobierno del Distrito Federal en la Línea Dorada.

En las oficinas del gobierno capitalino ni se afirmó ni se negó la existencia de la auditoría, y se rechazó dar cualquier declaración respecto del uso de los recursos federales para esta obra.

En la auditoría de 2009 de la ASF se señalaba que el GDF no cumplía con las disposiciones normativas aplicables a la autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto, debido a que no se realizó el nuevo costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado, no se elaboró el dictamen de factibilidad técnico, económica y ambiental para las modificaciones al trazo original.

Además, los estudios y proyectos ejecutivos no se ajustaron a las condiciones físicas del terreno urbano; inadecuado seguimiento al resolutivo administrativo del impacto ambiental; reporte en forma deficiente a la cuenta de la hacienda pública federal para el ejercicio correspondiente de los recursos y el monto de cada uno para el manejo de forma eficiente de la asignación de los recursos federales.

Del mismo modo, se reportó un inadecuado control de pago de los trabajos efectuados sin identificar estrictamente el origen de los fondos aplicados a las facturas para evitar adecuaciones presupuestales y corregir la fuente de financiamiento; indebida formalización del convenio modificatorio número 1 como la extensión del contrato, en el cual se advierten modificaciones con ventaja para el consorcio de índole personal.

Así como modificaciones e incrementos al monto en la nave de depósito Mixcoac y en los tramos Tláhuac-Tlaltenco, Zapotitlán-Nopalera, Nopalera-Los Olivos, San Lorenzo-Periférico Oriente, Periférico Oriente-Calle 11, Esime Culhuacán-Barrio de Tula, todas elevadas y que actualmente se encuentran fuera de servicio.

Todas estas observaciones fueron atendidas por el Gobierno del Distrito Federal.