El amparo para efectos que obtuvo el pasado martes Elba Esther Gordillo Morales obliga al cuarto tribunal unitario penal del Distrito Federal, que preside la magistrada Graciela Santés Magaña, a pronunciarse en lo inmediato respecto a si es necesaria una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar una querella de carácter fiscal contra la maestra.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal, el amparo refiere que esa auditoría es un requisito de procedibilidad jurídica (lo que se denomina facultad de comprobación), lo cual no hizo la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) antes de querellarse contra Gordillo ante la Procuraduría General de la República (PGR).

La imputación de la PGR refiere que el delito de evasión fiscal se dio porque Gordillo obtuvo ingresos acumulables a los realmente obtenidos, además de que le imputan la calificativa de dar datos falsos al fisco.

Las fuentes consultadas añadieron que el amparo que obtuvo la maestra también obligará a la magistrada Santés a precisar el papel de la PFF, pues reclamaron que ésta actuó como perito y autoridad, al realizar la auditoría o presuntiva de ingresos, sin tener facultades para hacerlo, pues ello le corresponde al SAT.

Por ahora Gordillo continuará en el penal de Tepepan, pues tiene pendiente la resolución de otro amparo que promovió contra el proceso por delincuencia organizada y lavado de mil 798 millones de pesos, mismo que está por resolver un tribunal colegiado penal.