El presidente Enrique Peña Nieto informó que la próxima semana el gobierno mexicano dará respuesta oficial a las recomendaciones que en el examen periódico universal (EPU) hizo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el pasado 23 de octubre.

A más de 16 meses de iniciada su administración, el mandatario reveló que el gobierno federal trabaja en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, y que en breve se presentará como el eje rector de carácter transversal que conjuntará los esfuerzos para consolidar la cultura de respeto y protección en la materia.

En la residencia oficial de Los Pinos, donde recibió el informe anual de actividades 2013 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, Peña Nieto adelantó que ese programa nacional contará por primera vez con indicadores y mecanismos de evaluación independientes.

En su elaboración participan los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la propia CNDH.

Naciones Unidas hizo 176 recomendaciones al gobierno mexicano, algunas muy críticas, entre las que destacan la falta de protección a los activistas y defensores de los derechos humanos, así como a periodistas.

El organismo internacional criticó además la persistencia en las leyes de la figura del arraigo y del fuero castrense para el caso de violación a derechos humanos cometidos por militares contra civiles, así como la situación de las mujeres y de los grupos sociales vulnerables, incluidos migrantes y pueblos indígenas.

Desde 2008 el EPU es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar los avances y retrocesos en esa materia en los 193 estados miembros. Esta es la segunda ocasión que México es evaluado, luego de que hace cuatro años recibió 91 recomendaciones y aceptó 83.

El presidente Enrique Peña Nieto resaltó ayer, luego de escuchar el informe de actividades 2013 del titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, la sensible disminución de quejas contra la administración pública federal ante la comisión, particularmente por el nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los ciudadanosFoto Presidencia

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial y de la sociedad civil, así como funcionarios del gobierno federal, diplomáticos y presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos, Peña destacó que en 2011 la legislación mexicana se puso al día en esta materia con la reforma al artículo primero de la Constitución, el cual señala que la primera obligación del Estado mexicano es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el territorio nacional.

Sin embargo, advirtió, un país protector de los derechos humanos no es aquel en el que existen leyes vanguardistas, sino donde se cometen menos violaciones a los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Basado en el informe del ombudsman nacional, el Presidente estimó que la sensible reducción de quejas contra la administración pública federal ante la CNDH se debe al nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los ciudadanos.

Agregó que esa disminución no debe generar actitudes triunfalistas, pues existe una tarea permanente y un compromiso irrenunciable del gobierno federal ante una sociedad que, con toda razón, exige de quienes tienen la responsabilidad pública redoblar esfuerzos para dar respuesta oportuna a sus demandas y exigencias.

Entre los avances, Peña se refirió al fortalecimiento del marco legal y el andamiaje institucional a favor de los derechos humanos; la protección y promoción de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes; medidas adicionales para garantizar la seguridad integral de las mujeres y mayor compromiso y vinculación internacional.

En este último punto, afirmó que México está decidido a adoptar las mejores prácticas de derechos humanos que hay a escala global y, sobre todo, hacer un Estado que cumple y contribuye con el Sistema Internacional de Derechos Humanos.