Guanajuato, Gto., 12 de marzo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado violó la Constitución al pasar sobre el Congreso y asignar directamente a la empresa Seguritech un contrato por 2 mil 700 millones de pesos para desarrollar el proyecto Escudo, según el informe de auditoría del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Se detectó que funcionarios de la SSP, a cargo de Álvar Cabeza de Vaca, y de la Secretaría de Finanzas, dirigida por Juan Martín Solís, incurrieron en responsabilidades administrativas en la asignación del contrato a Seguritech.

El documento debió ser autorizado por el Congreso y no por la Secretaría de Finanzas porque implica un presupuesto plurianual, de 2012 a 2018; asimismo, la SSP no comprobó que Seguritech sea la empresa mejor calificada, determinó el OFS.

Al no acreditar que la oferta seleccionada fuera la mejor en precio, calidad, financiamiento y oportunidad, infringió lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del sector público en el estado de Guanajuato, reveló la auditoría.

Entre las observaciones destaca que no hay una lista de precios unitarios de materiales y las cláusulas de garantía no son claras.

Es procedente denunciar la probable comisión de faltas administrativas, a fin de que se instaure procedimiento de responsabilidad, recomendó el OFS, que no dio a conocer los nombres de los infractores.

El gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, dijo: Es un tema de criterio, pero lo más importante es que este proyecto va.

Minimizó las anomalías detectadas en la auditoría, al señalar que son administrativas, sin mayor relevancia. Lo importante es que la primera quincena de abril se iniciará el proyecto.

El 27 de diciembre de 2012 Cabeza de Vaca informó que se asignó sin licitación el contrato por 2 mil 700 millones de pesos para la colocación de arcos carreteros, una red de fibra óptica, cámaras de vigilancia, botones de emergencia y software de seguridad para la entidad.

El funcionario se negó a revelar detalles de la asignación y el nombre de la compañía seleccionada. En enero de 2013, Márquez Márquez anunció que Seguritech se encargaría del proyecto Escudo.

El 21 de febrero de ese año, el Congreso aprobó por unanimidad que el OFS auditara el programa por la opacidad con que se asignó el contrato.

Los diputados priístas solicitaron la revisión; posteriormente, el secretario de Gobierno, Salvador García López, pidió a la Legislatura, en nombre del gobernador, que se auditara de manera permanente el proyecto.

El mismo día que se aprobó la realización de la auditoria, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno estatal, Isabel Tinoco, aseguró que la asignación fue legal.

Estuve en el momento en que se llevó a cabo el contrato para revisar cada uno de los puntos y verificar que se diera como debe ser, entonces es correcto, dijo esa vez la funcionaria, quien ahora se encargará de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa por las irregularidades.