Monterrey, NL, 10 de marzo.

La instrumentación del nuevo sistema de justicia penal corre el riesgo de no arrancar al mismo tiempo en todo el país, porque en muchas entidades no existe voluntad política de las autoridades ni recursos para la construcción de instalaciones y capacitación de personal, afirmó el director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), José Luis Prado Maillard.

Al dar a conocer que esa casa de estudios elaboró un manual de resguardo de evidencias que será de aplicación obligatoria para todos los cuerpos de policía del país, lo que permitirá reducir los fracasos judiciales y la liberación de delincuentes, anunció que esa facultad de derecho capacitará, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), a estudiantes para que formen parte del área de análisis de la Policía Federal Ministerial.

Indicó que “a pesar de que el nuevo sistema de justicia penal agilizará los procedimientos de investigación y enjuiciamiento, y permitirá la profesionalización de todos los actores que intervienen en los procesos, existen entidades que no han avanzado en su instrumentación, y el plazo para que esto se concrete vence en 2016.

Si bien el Congreso puede dar una prórroga para su entrada en vigor, el riesgo es que los nuevos mecanismos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se apliquen y ello afecte todo el sistema de justicia, señaló Prado Maillard.

También en el ámbito federal, sostuvo, hay retrasos en la implementación, ya que se tenía programada la construcción de 34 centros para juicios orales, y debido a una cuestión presupuestal sólo se podrán construir dos, y el resto en 2015.

Expuso que el reto del nuevo sistema implica también la creación de mecanismos que garanticen la presunción de inocencia de los inculpados y que los responsables sean sancionados con base en protocolos de actuación apegados a derecho, para evitar casos como los de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue dejada en libertad porque se consideró que se violaron sus derechos, a pesar de que existían pruebas de su participación en una banda de secuestradores.