Indican que las concesiones mineras amenazan su patrimonio
Jueves 6 de marzo de 2014, p. 23
Manzanillo, Col., 5 de marzo.
Las reformas al artículo 27 de la Constitución sólo han beneficiado al comerciante usurero de la tierra y ante ello, las organizaciones campesinas del país presentaron al presidente Enrique Peña Nieto su oposición categórica a modificar el marco legal por el cual se agilizaría el proceso de privatización del ejido y la comunidad.
Además, le pidieron revocar las concesiones mineras, porque son una amenaza para la propiedad social y disminuyen la superficie cultivable.
Rechazamos y alertamos sobre el carácter explosivo de las voces que han planteado la reforma al campo como la eliminación del régimen de propiedad social y la profundización de la privatización bajo el argumento de que el campo no progresa porque los campesinos detentan minifundios y porque la tierra no es privada
, planteó Isabel Cruz Hernández, del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc).
Luego de mostrar la inequidad y el sentido regresivo de los apoyos al campo, porque se concentran sólo en el norte y en el Bajío, ella misma denunció: desde 2006, las regiones campesinas han estado expuestas a un severo desmantelamiento social debido a la penetración absoluta del crimen organizado.
Éste encontró las mejores condiciones
frente a la caída del maíz, café y otros productos, la falta de coberturas y apoyos a la comercialización y, después de la crisis alimentaria de 2007, hubo una gran cantidad de tierras para el cultivo de enervantes
, agregó.
A su vez, José Durán Vera, del Congreso Agrario Permanente (CAP) advirtió: a nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo
.
El consenso de las organizaciones reunidas aquí con Peña Nieto fue exigir una reforma del sector, democrática, de consenso y no impositiva.
Reclamaron ser interlocutores en su diseño y tras ubicar las razones de la decadencia productiva en la imposición de precios ficticios por las trasnacionales del agro, mencionaron como razones del enorme déficit de alimentos en México a la presión demográfica, las políticas agropecuarias equivocadas y el alto grado de corrupción en varios niveles del ejercicio gubernamental
.
No omitieron recordar al presidente Peña que desde hace un año entregaron las propuestas para hacer un cambio real
y donde la agricultura campesina sea protagonista de un enfoque de desarrollo productivo y no recipiendario de subsidios improductivos y asistenciales. Seguimos esperando
, señaló Isabel Cruz.
En ese contexto, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez, destacó la importancia de reformar al sector rural, pues éste vive una sobrerregulación por la gran diversidad de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones.
José Jacobo Femat, del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), planteó a Peña Nieto: le pedimos inicie ya una etapa de gobierno en el que usemos una sola palabra: la verdad, para gobernar
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