La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la legalidad de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 de Quintana Roo, expedidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuya validez impugnó el gobierno de esa entidad. Los ministros desecharon los argumentos de la administración de Quintana Roo, el cual planteó que como el Inegi contó menos habitantes de los que tiene la entidad se reducirán los montos que recibe el estado por concepto de participaciones y aportaciones federales a partir de 2011.