La iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados, debe perfeccionarse para brindar certeza jurídica a los agentes económicos. Especialistas, académicos y funcionarios, reunidos con la Comisión de Economía en San Lázaro, coincidieron en que la legislación propuesta otorga facultades excesivas a la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

La titular de la Cofeco, Alejandra Palacios, expuso que la iniciativa preserva los principales postulados de la reforma constitucional: eliminar barreras y regular insumos.

La funcionaria dijo que en la iniciativa hay textos que se pueden mejorar y un ejemplo es el artículo 25. Nos parece que es demasiado estricto en términos del contacto con los agentes económicos, porque una cosa es cuidar la relación entre unos y otros, y otra que es muy rígida en las audiencias donde participen éstos y las autoridades federales.

Los cuestionamientos a las facultades excesivas de la Cofeco redundaron en que implicaría la sobrerregulación del mercado, y esto restaría incentivos a la inversión. La Cofeco, en voz de su presidenta, adujo que la iniciativa de ley secundaria sí cumple con el propósito de la reforma constitucional, que es indicar condiciones de libre mercado, eliminar barreras a la competencia y sancionar prácticas monopólicas.

Una vez en marcha, apuntó que la competencia en el país contribuiría de manera sostenida al crecimiento del producto interno bruto en 2.5 por ciento. Asimismo, reduciría los precios en 30 por ciento en aquellos sectores menos competidos.

Menos costo y mayor calidad

Para la subsecretaria de Competencia y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez, la iniciativa de Peña Nieto se sustenta en que los bienes y servicios tengan menos costo y mejor calidad.

Por tanto, abundó, la propuesta presidencial considera que el consumidor dejará de ser un ente cautivo, y abrir el horizonte para que las empresas busquen satisfacerlo constantemente.

Por el contrario, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, dijo que la norma secundaria si bien trata de dar mejores precios y calidad a los consumidores, debe ser cuidadosa en no inhibir las inversiones privadas.

Fortalecer los derechos de los consumidores debe ser el objetivo de esta ley; sin embargo, no debemos olvidar que un actor central en este proceso es la empresa privada, dijo.